Una investigación contra integrantes del 71 batallón de infantería, que tiene su sede en Santiago Papasquiaro, Durango, derivó en la consignación de 22 de sus integrantes por supuestos vínculos con el narco.
La pesquisa iniciada por una llamada anónima, no encontró nada irregular en los militares señalados, pese a ello fueron consignados al penal militar de Mazatlán lo que ocasionó que presentaran una queja ante la CNDH por violaciones a sus garantías individuales.
El caso se suma a otro ocurrido por esas fechas en el 89 batallón de Los Mochis, donde el mando y dos oficiales, están procesados por una serie de delitos que reflejan el desgaste del ejército en esta zona del país.
Habían transcurridos los primeros días de la campaña de erradicación de cultivos de marihuana en la zona serrana de Durango, cuando se recibió una llamada anónima en el cuartel de la décima zona militar en la capital del estado.
En los primeros días de marzo se denunció que soldados pertenecientes al 71 batallón de infantería, con sede en Santiago Papasquiaro, presuntamente habían dejado intactas varias zonas sembradas de droga.
El 71 de infantería, al mando del coronel Carlos Irineo Mejía Banda, había sido desplegado por aquellos días en labores de destrucción de plantíos ilícitos en una zona considerada de alta incidencia de cultivos, ya que por su ubicación geográfica, en los límites con Sinaloa y Chihuahua, forma parte del llamado “Triángulo Dorado” de la droga en México.
“Habían transcurrido apenas seis días de operaciones cuando una supuesta llamada anónima alertó al cuartel de la décima zona en la ciudad de Durango, sobre un presunto involucramiento de toda una sección, alrededor de 30 elementos, que a decir de la denuncia, había dejado plantíos de marihuana en pie”, informó a este blog una fuente militar en la región que pidió no ser citado por nombre ni grado para evitar posibles represalias en su contra.
Un oficial y 29 de tropa, cuyas identidades se reservaron las fuentes castrenses, fueron llevados al cuartel del 58 batallón en la ciudad de Durango, donde quedaron sujetos a investigación. Al arribar a las instalaciones militares, fueron desarmados y sometidos a una rigurosa revisión del equipo de campaña individual para tratar de detectar algo ilícito como droga, armas o dinero, sin que se les encontrara nada.
Durante la pesquisa les fueron recogidos sus teléfonos celulares, los sometieron interrogatorios, les aplicaron exámenes y después de varios días no se encontró algún indicio de nexos con la delincuencia organizada. Los 30 militares estuvieron retenidos del 6 al 13 de marzo del 2016, un grupo de 10 agentes de la Policía Ministerial Militares los sometió bajo presión a que declaran, coaccionándolos para que se inculparan entre sí, dice una segunda fuente castrense que siguió de cerca la investigación.
Como el método no funcionó, entonces los agentes les prometieron cambios de unidad a donde desearan, y ascensos de soldados a cabos si aportaban información. Tampoco les resultó, la tropa se mantuvo firme en negar los hechos que se les imputaban.
El domingo 13 de marzo, los liberaron y enviaron de regreso al área de operaciones para que continuaran con su tarea de erradicación de cultivos ilícitos.
Los “guardianes de la sierra”
El 71 de infantería tiene 38 años establecido en Santiago Papasquiaro, a donde llegó en tiempos del general Félix Galván López, secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de José López Portillo (1976-1982). Desde entonces su área de operaciones ha sido la zona serrana de Durango. Al paso del tiempo se hicieron llamar “los guardianes de la sierra”, por tener como jurisdicción la zona montañosa de la entidad que forma parte del “Triángulo Dorado”.
El pasado 4 de abril los 30 militares de éste batallón que habían estado sometidos a investigación, recibieron la orden de concentrarse en las instalaciones de la Cuarta Compañía de Infantería No Encuadrada (C.I.N.E.) que tiene su sede en el poblado del Salto, Durango. De ahí se los llevaron detenidos al penal castrense dentro de las instalaciones de la Tercera Región Militar, en Mazatlán, Sinaloa, cuartel del que depende la décima zona militar.
Por esos días también habían sido detenidos en el penal del puerto los mandos del 89 batallón de infantería de Los Mochis, al norte de Sinaloa, encabezados por el coronel Gabino Torres Solórzano, un oficial de Estado Mayor acusado de “negligencia” en el ejercicio del mando que le costó la vida a cinco de sus subordinados por una emboscada del crimen organizado sucedida a finales de enero pasado. Junto a Torres Solórzano, acusado de desobediencia, abandono de servicio y robo equiparado, fueron detenidos el mayor Nicolás Navarro Olvera, jefe de la Sección de Información, Instrucción y Operaciones (S.I.I.O.) y el capitán Juan Manuel Parga García, ambos acusados de desobediencia.
De los 30 integrantes del 71 de infantería solo quedaron procesados 22, un oficial y 21 elementos de tropa. El juez militar adscrito a la Tercera Región militar les dictó auto de formal prisión en la causa penal 190/2016, por delitos contra la salud en su modalidad de fomento, delito grave que no alcanza fianza.
Los 22 militares interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por las irregularidades durante la investigación, alegan que fueron retenidos e incomunicados por ochos días durante el mes de marzo sin que mediara orden judicial, en abierta violación a sus garantías individuales.
Durante las primeras diligencia del caso salió a relucir que los supuestos plantíos sin destruir, en esos días operaban en el municipio de San Dimas, no estaban en las áreas que a ellos les correspondían. Eran responsabilidad de otra sección del batallón. Varios de ellos han hecho saber a sus compañeros, que no saben a qué obedece este proceso en su contra. De la investigación a la que fueron sometidos, no les encontraron cuentas bancarias, propiedades o vehículos lujosos que hicieran suponer que fueron sobornados.
La queja por los abusos en su contra fue interpuesta por sus familiares ante la CNDH el pasado 15 de abril. Mientras el juicio continúa, la secretaría de la Defensa Nacional no ha informado de manera oficial lo que el mes pasado ocurrió con dos de sus batallones –el 89 de Los Mochis y el 71 de Santiago Papasquiaro—los cuales se han visto involucrados en investigaciones por presuntos nexos con el narcotráfico que habla de que algo ocurre con el ejército en el “Triangulo Dorado”.
Fuente: El blog del narco
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