WASHINGTON.– La procuradora General de Justicia, Loretta Lynch, ya emitió la orden para evaluar las acusaciones en Estados Unidos contra el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, ante su eventual proceso judicial y en espera de que el gobierno de Enrique Peña Nieto se los entregue en cualquier momento.
Con más de una decena de procesos judiciales en su contra en los que se le acusa de delitos federales como exportación de mariguana, cocaína y heroína, así como lavado de dinero y homicidio, entre otros, el Departamento de Justicia de Estados Unidos le quiere imponer a Guzmán una sentencia ejemplar.
Aun cuando en su aval al pedido de extradición de El Chapo, por parte del gobierno estadunidense, la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) dio a entender que entregaría al narcotraficante a la Corte Federal de California, que lo quiere juzgar por narcotráfico, la última palabra en el caso la tiene Lynch.
Al otrora cabecilla del Cartel de Sinaloa el gobierno de México lo enviaría a California porque una Corte Federal de ese estado fue la primera en solicitarlo en extradición. Sin embargo, es prerrogativa de Lynch decidir a cuál de las distintas cortes federales que lo requieren entregará a El Chapo Guzmán para ser procesado.
La evaluación ordenada por la procuradora General de Justicia se sustenta en la consideración de fiscales federales sobre cuál de las cortes que lo requieren y acusan cuenta con los delitos federales más sólidos y qué jurado o magistrado lo puede sentenciar a una condena de no menos de 50 años de prisión o cadena perpetua, como mínimo.
En Estados Unidos hay varios precedentes de casos como el de El Chapo que ilustran lo que quiere hacer Lynch. Un ejemplo fue el caso de Juan García Abrego, el narcotraficante y exlíder del Cartel del Golfo.
Con media decena de encausamientos judiciales en su contra por delitos de lavado de dinero y narcotráfico, García Abrego quien en 1996 fue detenido y enviado a Estados Unidos por el gobierno mexicano del entonces presidente Ernesto Zedillo, fue procesado y enjuiciado en una Corte Federal del estado de Texas.
En ese estado a García Abrego lo acusaban de 22 delitos federales y por estos fue sentenciado a 11 cadenas perpetuas consecutivas y enviado a la prisión de Máxima Seguridad de Florence, Colorado, de la cual no podrá salir más que muerto.
Como adelantaron a la revista Proceso y a esta columna, agentes de la Administración Federal Antidrogas (DEA), aseguran que a Guzmán no lo convertirán en testigo protegido.
La DEA está consciente de que El Chapo no les proporcionará información valiosa sobre las actividades de narcotráfico del Cartel de Sinaloa porque el capo desde hace ya varios años dejó de ser un líder importante de la organización criminal.
Los agentes estadunidenses enfatizan que Guzmán no se convertiría en soplón o traidor, aun cuando estuviera actualizado e informado del modo de operar del Cartel de Sinaloa. Si lo hiciera, estaría sentenciado a muerte a sus dos hijos: Iván Archivaldo y Alfredo.
Estos dos hijos de El Chapo dirigen una de las facciones que integran al Cartel de Sinaloa. Una traición de su padre provocaría una guerra interna dentro de la organización con las otras facciones, como la que integran Ismael El Mayo Zambada García y sus hijos, y la de los vástagos del finado Juan José Esparragoza Moreno El Azul.
Una vez en manos de las autoridades federales de Estados Unidos, Guzmán será procesado en la Corte Federal que determine Lynch. En esto el gobierno de Peña Nieto ya no tiene la menor influencia, excepto velar que se haga cumplir la condición del Tratado Bilateral de Extradición, de que a ningún mexicano que se le procese se le castigue con la pena de muerte.
De entre los procesos judiciales más severos que enfrenta El Chapo en Estados Unidos, se destacan únicamente dos: el de la Corte Federal de Distrito Norte, en Chicago, Illinois, y el de la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn, Nueva York.
En estas dos Cortes a Guzmán se le acusa de homicidio calificado y relacionado con el trafico ilegal de enervantes y lavado de dinero. Tanto en la Corte Federal de Chicago, como en la de Brooklyn, los delitos que le imputan a El Chapo son motivo de una condena a cadena perpetua o de más de cinco decenas de años en prisión.
Lo que podría definir el sentido de la balanza para enjuiciar a El Chapo en la Corte en Chicago, es el hecho de que en ese magistrado esta pendiente la sentencia a Jesús Vicente Zambada Niebla El Vicentillo, quien es testigo protegido del gobierno de Estados Unidos.
Como parte del acuerdo al que llegó el hijo de El Mayo Zambada García para hacerse testigo protegido del Departamento de Justicia, está su disponibilidad para testificar en juicios contra líderes del Cartel de Sinaloa y otros narcotraficantes mexicanos, cuando fueran detenidos y procesados en cortes estadunidenses.
Con El Chapo, El Vicentillo podría debutar en su nuevo papel y con ello aligerar aun más la sentencia que no le han dictado en Chicago.
Tampoco hay que perder de vista el hecho de que Jack Riley, ahora Jefe de Operaciones de Inteligencia de la DEA, cuando fue jefe de la oficina regional en Chicago de la dependencia federal en la que se desempeña como número dos en la escala de mando, formuló los procesos judiciales contra El Chapo, en la Corte del Distrito Norte.
Entre las acusaciones que Riley imputó a El Chapo en Chicago, resalta el cargo de homicidio, que puede ser un factor definitivo para determinar el lugar donde será enjuiciado el famoso criminal.
Fuente: Proceso
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