MÉXICO, DF.- Tras la desaparición de cinco hombres sordomudos en Piedras Negras, Coahuila, en febrero de 2012 –época en que la entidad era gobernada Humberto Moreira–, la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas inició una investigación que fue a dar al Centro de Readaptación Social (Cereso) en esa localidad.
El penal, según información difundida por el Diario de Coahuila, estuvo bajo control del cártel de Los Zetas de 2010 a 2012, tiempo en que se dedicó a fabricar uniformes, fundas y chalecos antibalas para los miembros de la banda, además de que alteraba vehículos para ocultar drogas, armas y dinero en su interior. El Cereso también sirvió como escondite para los integrantes del grupo criminal cuando las fuerzas federales realizaban operativos.
En ese centro penitenciario Los Zetas habrían ejecutado a 150 personas que fueron secuestradas en el norte de Coahuila.
Las víctimas fueron llevadas a ese penal y ahí dentro las mataron y quemaron; posteriormente los restos fueron tirados a un río, explicó Juan José Yáñez, quien lleva la investigación, misma en la que se indica que la mayoría de los muertos eran integrantes de la delincuencia organizada.
No obstante, el procurador Homero Ramos Gloria ha advertido que entre los ejecutados podría haber personas con reporte de desaparición.
Según el subprocurador Juan José Yáñez, Los Zetas tenían el control absoluto de la institución oficial. “Entraban y salían todos los días”, puntualizó.
“Uno de ellos comenta que él salía al Oxxo, compraba un café, leía el periódico, se iba a su casa a desayunar o a la casa de un amigo. Hacía una vida afuera y luego regresaba en la tarde”, agregó.
La investigación de la cárcel de Piedras Negras inició a finales de 2014, y a través de un testimonio se supo que habían llevado a dos personas desaparecidas cerca o dentro del centro penitenciario y nunca más se les volvió a ver.
Durante la investigación realizada por Yáñez, los internos les decían que a esas personas no las encontrarían, ya que habían sido quemadas. A partir de ahí empezaron a documentarse otros crímenes, incluidos los de los cinco vendedores sordos: José Martín Morales, José Antonio Ángeles, José Luis Vallejo, Jorge Espinoza y Manuel Adrián González.
Uno de los métodos que utilizan las organizaciones criminales para deshacerse de los cuerpos son las llamadas “cocinas”, con toneles, diesel y fuego.
En los estados de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León se han encontrado alrededor de 500 fosas comunes en los últimos años, pero a partir de 2011 los grupos criminales empezaron a usar ranchos alejados como centros de incineración ilegal.
Entre los lugares que se investigan está la presa Don Martín, ubicada en el cauce que une el Río Salado y el Río Sabinas, en el municipio de Juárez, Coahuila, debido a que por su gran tamaño podría albergar restos, cuestión por la que el sitio es investigado por la Marina y drones tanto acuáticos como aéreos.
Fuente: Proceso
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