Renato Sales Heredia, titular de la CNS se refirió a que hay una persona asignada a un monitor que lo vigila de manera permanente; y además de cámaras y vigilancia física, se supervisa que sus alimentos no estén alterados.
El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, aseguró que los derechos fundamentales de Joaquín Guzmán Loera están garantizados en el penal donde se encuentra recluido, y ante directrices internacionales para que sean revisados.
Entrevistado al término de la ceremonia de inicio del nuevo Sistema de Justicia Penal, en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseveró que Guzmán Loera “está durmiendo perfectamente”, sin ninguna violación a sus derechos.
La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) está en plena disposición de que la medida sea revisada y en apego a directrices internacionales, y por sus acciones precedentes está sujeto a medidas especiales de vigilancia.
“Hay que tener claro que se fugó en dos ocasiones de penales de alta seguridad. La pregunta consecuente es si debe estar una persona que se fugó en dos ocasiones de penales de alta seguridad, sujeta a medida especiales de vigilancia, la respuesta por sentido común es sí, sí debe estar sujeta a medidas especiales de vigilancia”, recalcó.
Entre las medidas, Sales Heredia se refirió a que hay una persona asignada a un monitor que lo vigila de manera permanente; y además de cámaras y vigilancia física, se supervisa que sus alimentos no estén alterados.
En tanto, sobre el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, vinculado con la desaparición de normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) negó que corra peligro.
“El Estado mexicano tiene una posición de garante con respecto a todos los internos de Ceferesos, cuando algún interno tiene una situación de salud se le atiende en el marco de lo que está preceptuado en los propios reglamentos y en la propia ley”.
El comisionado abundó que son protocolos de seguridad especiales amparados en el Artículo 18 Constitucional, que señala que en casos de delincuencia organizada, podrán aplicarse protocolos de esta índole, por lo que no hay violación de derechos humanos.
Fuente: Noticias mvs
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