"El Chapo" fue recapturado y encarcelado el viernes 8, pero el patrimonio de su organización criminal continúa intacto: opera y lava dinero en el mercado mexicano a través de decenas de empresas de servicios.
Para ello el Cártel de Sinaloa utiliza restaurantes, gasolineras, inmobiliarias, casas de empeño o procesadoras de carne —entre otras— en entidades como Jalisco, Ciudad de México, Baja California o Puebla, según ha detectado el gobierno de Estados Unidos desde el 2000.
Las decenas de compañías del emporio criminal trabajan al amparo de las autoridades mexicanas, pues pagan impuestos e incluso algunas han sido subsidiadas por la administración federal, que las incluyó en padrones de beneficio agropecuario o de seguridad social. Es el caso de las corporaciones Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, S.A. de C.V.; la Cooperativa de Avestruz Cuemir, S.C. de R. L. de C.V., o la estancia infantil Niño Feliz.
Además, dichas firmas boletinadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no han sido sometidas en México a "auditorías tributarias" debido a un "pacto de impunidad", sostiene Edgardo Buscaglia, investigador en materia de crimen organizado.
No se persigue a las corporaciones blanqueadoras aun cuando en abril de 2014 Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda, firmó con Washington un acuerdo que impide a personas y consorcios inscritos en dicha lista negra realizar operaciones en el sistema financiero de México. "O sea que el pacto de impunidad ya lleva el apellido Videgaray", sentencia Buscaglia.
FRANQUICIAS INTOCADAS
El gobierno de Peña Nieto capturó por primera vez a Guzmán Loera el 23 de febrero de 2014 y "ninguna autoridad impulsó acusación penal alguna contra cualquiera de sus múltiples redes de socios y franquicias empresariales, o contra los políticos asociados a sus actividades; tampoco se le tocó ningún activo", reclama Buscaglia en su libro "Lavado de dinero y corrupción política".
Ello, sostiene en entrevista, obedece al pacto de impunidad "cada vez más descarado" que hay: "México es un país en que el lavado de dinero es tan alevoso y obsceno que un equipo de preparatoria detecta las redes patrimoniales. No necesitas ser el fiscal Giovanni Falcone (mítico perseguidor de la mafia italiana). Está a la vista. El pacto de impunidad se respira, se toca", acusa. Y lo mismo da, asienta, que el presidente de la república sea Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto.
Agrega que Estados Unidos, el semanario Riodoce u otro medio pueden enumerar las empresas de los grupos delincuenciales y nada ocurre.
Entre noviembre de 2008 y julio de 2010, recuerda, convenció al gobierno de Calderón para que una unidad de investigación patrimonial de la Unión Europea trabajara seis meses en algún estado de la república, y ofreció que en ese tiempo se "desmantelarían cientos de millones de dólares en propiedades".
Persuadido Calderón, empezó el intercambio de cartas con Bruselas. "Se aceptó la misión en algún momento, pero después se canceló. Hubo resistencia dentro del gabinete y vaya a saber de dónde vino la cancelación".
Él lo tiene claro: No se hurga en el patrimonio del Cártel de Sinaloa porque la propia clase política "le tiene miedo a que te metas, porque eso tiene repercusiones políticas a través del financiamiento de campañas. ¡Ahí está el meollo del asunto! Si esto fuera un problema externo al Estado, en el que el ámbito político no está involucrado, estos delincuentes con grandes patrimonios serían desmantelados inmediatamente".
El también presidente en México del Instituto de Acción Ciudadana para la justicia y la democracia, considera incongruente que el equipo de Peña Nieto "le ponga tanto entusiasmo a perseguir a Kate del Castillo y tenga, a la vez, empresas ligadas a familiares del ‘Chapo’ y otros capos —mencionadas por el Departamento del Tesoro, por Riodoce, por ustedes— y nunca las haya auditado. Es incongruencia que fondea en lo tragicómico".
POR ACCIÓN Y OMISIÓN
La red criminal de Sinaloa —liderada por Guzmán Loera, Ismael "El Mayo" Zambada y Juan José Esparragoza "El Azul"— "se ha expandido a través de una gran protección patrimonial, por acción u omisión".
Buscaglia recuerda algo que ha dicho desde 2008 y que hoy la Europol confirma: el también llamado Cártel del Pacífico opera en 59 países.
"Estas redes criminales tienen directores, y puedes apresarlos, pero si no les paralizas la infraestructura patrimonial no vas a poder atacarlas. Ellos reemplazan a sus directivos como los puede remplazar un banco".
El peligro, añade, es que el margen de maniobra económico que las bandas han conservado tiene como consecuencia un "tsunami de violencia", homicidios y desapariciones.
"La otra cara de la moneda de la impunidad son los 26 mil desaparecidos que hay en México. Esa infraestructura que hoy secuestra y hace desaparecer es la misma maquinaria económica que el Gobierno mexicano no toca porque está a nombre de empresas que financian campañas políticas de todos los partidos.
"Ningún presidente ha querido tocar eso y destapar la cloaca por cobardía, además de no querer pagar ese costo político. Las propias campañas de los presidentes mexicanos… uno tiene que partir de la premisa de que han sido infiltradas por los grupos criminales. Tú tienes, así, un pacto de impunidad basado en este círculo vicioso: violencia, impunidad, desapariciones forzadas, financiamiento de campañas, impunidad, y así".
Desde el año 2000 la Oficina de Control de Activos (OFAC) de Estados Unidos compendia los nombres de decenas de empresas y personas ligadas al crimen organizado. Vinculadas con el Cártel de Sinaloa, por ejemplo, existen casi 100, que en su mayoría siguen operando en México. No sólo eso: llegan a formar parte de los programas del Gobierno Federal.
Entre las compañías relacionadas con el grupo del "Chapo" están Agrícola y Ganadera Cuemir, S.P.R. de R.I., alias Rancho La Herradura, y la Cooperativa Avestruz Cuemir, S.C. de R.L. de C.V.
Fuente: El blog del narco
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