El año en el que esa figura bajita y fornida desapareció por un agujero en la celda de su regadera de la prisión donde estaba internado, a través de un túnel de más de un kilómetro de largo que lo llevó a la libertad el pasado julio, se convirtió instantáneamente en un año emblemático en la guerra de México contra los cárteles de la droga, así como un año de vergüenza para el gobierno mexicano.
Este fue el año en que Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder de una de las organizaciones más exitosas de tráfico de drogas de la historia, escapó de la cárcel, otra vez.
No importó que los ministros del presidente Enrique Peña Nieto reivindicaran que las tasas de homicidio han caído. La fuga también eclipsó la detención de los máximos dirigentes de los Zetas y los Caballeros Templarios, así como a varias figuras importantes del creciente cártel de Jalisco Nueva Generación.
La segunda fuga del Chapo — la primera fue en otra prisión de máxima seguridad en 2001 — no fue sólo vergonzosa: también simboliza el fracaso del gobierno para traer nuevas ideas a la lucha contra los cárteles de la droga de México.
Se ha estimado que han habido 190,000 muertes violentas en México desde que el ahora ex presidente Felipe Calderón lanzara una ofensiva militar contra los cárteles del país hace nueve años. Unas 25,000 personas han desaparecido. Hasta las estimaciones más conservadoras del número de desplazados llegan a los cientos de miles de personas.
Hay poco que sugiera, por su parte, que el negocio del tráfico de heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana ha sufrido pérdidas importantes.
Peña Nieto, que asumió el cargo en diciembre de 2012, apenas se ha ajustado a la estrategia de Calderón de perseguir líderes de perfil alto y de iniciar, periódicamente, grandes despliegues de fuerzas federales en los puntos calientes de la guerra contra la droga cuando el conflicto sobre el terreno escapa a todo control. Es una estrategia, aseguran los críticos, que sólo puede traer un alivio temporal, y muchas veces ni siquiera eso.
"El gobierno mexicano sigue haciendo lo mismo año tras año, pero no vemos ninguna mejora", destaca Edgardo Buscaglia, un conocido analista de la delincuencia global organizada. "Vemos más presupuesto que viene del gobierno federal y del estado de México, y vemos más dinero de los Estados Unidos que se va por el desagüe, pero no vemos ningún impacto".
Buscaglia considera que el elemento clave que falta es una campaña para acabar con la corrupción política a un alto nivel que, sostiene él, ha permitido a los cárteles capturar partes del Estado. Hasta que el Estado no recupere el control de sí mismo, argumenta, siempre habrá espacio para el crimen organizado para operar — y matar — independientemente de cuántos capos caigan o cuantos cárteles sean desmantelados.
"El problema de la corrupción política no se trata de ninguna manera", afirma. "Hasta que no veas que el gobierno mexicano hace algo al respecto, no verás ninguna diferencia en la contención de estos grupos criminales".
El gobierno parecía encontrarse en un bucle que le llevaba a cometer viejos errores desde comienzos de 2015, pero no ha habido cambios importantes. Parece cada vez más difícil dejar a un lado la evidencia de que muchas de sus tácticas implican violaciones de los derechos humanos.
El 6 de enero, al menos nueve civiles murieron durante una operación de la policía federal contra una milicia de autodefensa que ocupaba el Ayuntamiento de Apatzingán en el agitado estado de Michoacán. El gobierno había apoyado anteriormente al grupo como medio para debilitar a los Caballeros Templarios, pero la organización criminal empezó a escapar a todo control.
Bajan el ataúd de uno de los civiles muertos a disparos durante una operación de la policía federal en la ciudad de Apatzingán, el 6 de enero (Imagen por Rebecca Blackwell / AP).
Las autoridades afirmaron que las víctimas murieron bajo "fuego amigo", pero meses más tarde una investigación periodística situó la cifra de muertos en 16 y presentó a testigos que hablaban de ejecuciones extrajudiciales. Un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en noviembre dijo que no había evidencia clara de que al menos seis murieron a causa del uso excesivo de la fuerza por la policía, incluyendo a un hombre desarmado, que fue baleado 14 veces.
Tras los acontecimientos en Apatzingán surgieron otros tantos supuestos abusos cometidos anteriormente por la policía mexicana. También llegaron en un momento en que el gobierno todavía estaba batallando con las consecuencias de la desaparición de 43 estudiantes en la sureña ciudad de Iguala, después de que fueron atacados por la policía municipal en 2014.
Este acontecimiento sacudió a la nación tras meses de manifestaciones masivas. El número de personas que participaron de las protestas se redujo en 2015, pero la desaparición de los 43 continuó acosando al gobierno durante todo el año, sobre todo a nivel mundial.
Durante la mayor parte de 2015, el gobierno tomó partido incondicionalmente por la "verdad histórica" presentada en noviembre de 2014 por el entonces fiscal general Jesús Murillo Karam. Afirmó que la policía municipal trabajaba para un cártel local de traficantes de droga llamados Guerreros Unidos, y que había secuestrado a los estudiantes después de confundirlos con un cártel rival llamado Los Rojos. Los estudiantes, afirmaban, fueron incinerados en un vertedero.
"La evidencia nos permite determinar que los estudiantes fueron secuestrados, asesinados, quemados y arrojados al río"; declaró Murillo Karam en enero.
Los padres de los estudiantes rechazaron esta versión de los hechos. Luego, en septiembre, investigadores independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicaron un informe de 500 páginas demoledor, a ojos de la comunidad internacional. Los expertos llegaron a la conclusión de que la policía siempre supo que los estudiantes no eran miembros de ningún cártel y que era "científicamente imposible" que hubieran sido incinerados en el vertedero.
Con la creciente presión de grupos internacionales pro derechos humanos, el gobierno finalmente se vio obligado a relanzar la investigación oficial sobre lo sucedido. Aunque mucho menos publicitado que la fuga de "El Chapo", fue un momento muy humillante para el ejecutivo de Peña NIeto.
Durante 2015, los esfuerzos del gobierno de restar importancia a las acometidas que recibía por su política en relación a los derechos fundamentales han contrastado con las celebraciones de las capturas de los traficantes. Algunos de ellos eran realmente importantes. De algunos otros apenas se había oído a hablar antes.
En febrero, la policía federal detuvo al líder del cártel de los Caballeros Templarios, un ex-maestro de escuela primaria llamado Servando Gómez Martínez, más conocido por el alias "La Tuta".
Los Caballeros Templarios — en otro momento influyentes en el depauperado Michoacán y en otros estados — ahora son una sombra de lo que fueron, y "La Tuta" había estado huyendo y viviendo en cuevas en las montañas durante meses. La detención, sin embargo, tuvo lugar mientras él iba a comprar un perrito caliente en un puesto de venta ambulante en la ciudad de Morelia. Según reportes, las autoridades habían seguido un rastro de pistas que comienza con las escuchas telefónicas y termina cuando su novia intentó enviarle un pastel de chocolate para su cumpleaños.
Una semana más tarde, las autoridades detuvieron a Omar Treviño Morales, hermano de Miguel Treviño Morales, quien, antes de su arresto en 2013, fue uno de los más poderosos líderes del cártel de los Zetas cuando estaban en su apogeo. El arresto de Treviño parecía el último clavo en el ataúd de los Zetas, que habían sido reconocidos por su estilo militarizado, la violencia extrema y el haber sido considerados como los principales competidores del cártel de Sinaloa del Chapo.
Los gobiernos de México y Estados Unidos habían aplaudido el desmantelamiento de la que en su momento fue una poderosa organización, la de Beltrán Leyva, a raíz de la captura o asesinato de sus principales líderes a partir de 2009. Pero el epílogo no ha dado mucho que celebrar: grupos más pequeños pero igual de sangrientos y más difíciles de controlar pelean el territorio dejado por los grandes cárteles.
La crisis de seguridad en Guerrero, personificada en la desaparición de los 43 estudiantes, ha continuado causando estragos a pesar del amplio despliegue militar, pues tiene sus raíces en las batallas territoriales entre estos grupos.
A medida que el gobierno ha agotado 2015 luchando para contener las consecuencias de la fragmentación del cártel en lugares como Guerrero, parecía no darse cuenta del surgimiento de una nueva e importante organización criminal, hasta que no tuvo más remedio que poner la vista en ella.
El Cártel de Jalisco Nueva Generación fue fundado hace unos cuatro años, en parte por los arrestos producidos en otros cárteles desmantelados. El grupo recibió poca atención hasta que ocupó las primeras portadas el primero de mayo tras espectaculares tiroteos y "narco-bloqueos" coordinados en cuatro estados. En un incidente, el grupo utilizó un lanza-cohetes para derribar un helicóptero militar.
Fue entonces que el gobierno declaró una guerra sin cuartel contra el cártel de Jalisco.
Más tarde, entrado mayo, la policía y el ejército federal irrumpieron en un rancho cerca de la pequeña ciudad de Tanhuato, que supuestamente estaba llena de hombres armados del Cártel de Jalisco Nueva Generación. La operación dejó a 43 personas muertas: 42 presuntos sospechosos del cártel y un agente federal. La desequilibrada cifra de inmediato provocó denuncias de ejecuciones extrajudiciales, una vez más. La Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una investigación, pero aún no se han publicado sus conclusiones.
"El Cártel de Jalisco Nueva Generación está en el punto de mira de las autoridades, ya que desafía la autoridad directamente", explica Francisco Jiménez Reynoso, investigador de la Universidad de Guadalajara, capital de Jalisco. "Recuerde que ellos derribaron un helicóptero del Ejército mexicano. Y eso que el Ejército se supone que es la fuerza más grande que tenemos en nuestro país".
Pero, añade Jiménez, aún no parece que las acciones del gobierno hayan tenido mucho impacto en la capacidad del cártel. "Lo que se anuncia es una cosa, pero en la práctica no vemos resultados", dijo. "Vemos que los cárteles siguen haciéndose más fuertes".
En el transcurso del año, varios miembros supuestamente relevantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación han sido arrestados. Incluyendo al hijo y al hermano del líder del grupo, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho". También a otros líderes, que se presentan como sus principales figuras, aunque pocos observadores habían oído hablar de ellos. "El Mencho", sin embargo, sigue en libertad, y muchos culpan a las operaciones de un repentino aumento de los asesinatos en el Estado en las luchas de poder desatadas dentro del grupo, ya que se reajusta a las detenciones.
La capacidad del gobierno para presentar a todo traficante arrestado o asesinado como un gran éxito también ha sido parcialmente socavada por la fuga del Chapo y el fracaso — hasta ahora — de su nueva captura.
La Fiscal General Arely Gómez en la salida del túnel por el que escapó "El Chapo". (Imagen vía AP)
Los rumores sobre el paradero del capo han ido y venido: Venezuela, Costa Rica, Argentina o Chile, así como la cordillera de la Sierra Madre, donde escapó de una operación armada en octubre. Pero incluso si finalmente cae, no se desvanecerá el daño causado por su fuga, que dejó a la nueva procuradora general, Arely Gómez, mirando por el túnel a través del cual escapó el Chapo.
El gobierno ha reconocido que el Chapo nunca podría haber planeado o ejecutado su fuga sin la complicidad de funcionarios de prisiones: varios de ellos están en la cárcel, entre ellos el director y el jefe de los centros penitenciarios federales. Pero el metraje filtrado desde la cámara de circuito cerrado de televisión que vigilaba al Chapo 24 horas al día en su celda sigue siendo humillante. Una audible perforación se escucha durante seis minutos antes de que desaparezca por el túnel. Casi media hora después, un funcionario de prisiones aparece mirando a través de los barrotes y llamando a su superior: "Comandante, hay un agujero en la regadera".
Después de la desaparición del Chapo, el gobierno admitió tácitamente en septiembre tener dudas sobre su capacidad para mantener a presos de alto perfil bajo control, cuando se extraditó a 13 presuntos jefes del crimen organizado a Estados Unidos. Pero tal vez el golpe más devastador de todos para ilustrar la inoperancia del gobierno en los cárteles son sus propios números trágicos.
Hasta bien entrado este año, el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong rara vez abordó el tema de la seguridad sin señalar las cifras oficiales que muestran una caída del 23 por ciento en la tasa de homicidios en el 2014 en comparación con 2012. Las cifras, repite a menudo, demuestran que la lucha contra los cárteles va en la dirección correcta, incluso después de que esas mismas cifras oficiales comenzaran a mostrar una inversión de la tendencia en 2015.
Osorio Chong adoptó un tono especialmente cauteloso esta semana durante una entrevista en Radio Fórmula, pues los datos muestran que hubo un 8 por ciento más de asesinatos en los primeros 11 meses de este año que en el mismo periodo de 2014.
"Estamos tratando de transformar las cosas", dijo Osorio Chong durante la entrevista en la que ya no se habló de los números nacionales, y en su lugar citó la caída de las tasas de homicidio en el norte del país, que comenzaron antes de que el actual gobierno asumió el cargo. "Todavía hay desafíos por delante, pero yo les digo que hemos hecho avances importantes".
En la montaña rusa de la guerra contra las drogas de México en 2015, el ministro parecía estar aferrado a la barandilla.
Fuente: Narcoviolencia
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