El Cártel de Sinaloa, con vía libre para someter o exterminar a los demás. Libres el Chapo y Caro Quintero, con la misión de terminar la guerra de cárteles e instaurar una “pax mafiosa”
Un reportaje de ContraLinea.info-Periodismo de Investigación
El gobierno mexicano podría estar buscando el retorno de un poder hegemónico entre la delincuencia organizada, según un documento del Congreso estadunidense fechado a finales de julio pasado. El objetivo: establecer una pax mafiosa liderada por el Cártel de Sinaloa, que baje los niveles de violencia y reemplace la actual “situación multipolar” donde priva el crimen y el terror. Bajo esta lógica estaría la reciente fuga de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.
El documento señala que esta posible apuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto podría significar la pérdida de la legitimidad del Estado. Pero también podría lograr la reducción de la violencia y sacar el problema del narcotráfico de los asuntos de seguridad nacional para llevarlo a los del orden público.
El negocio del trasiego de drogas en México no se va a terminar pero, por la viabilidad del país, sí se debe transformar: hacerlo menos violento, controlado y con “unidad de mando”, señala, en entrevista con Contralínea, el especialista en seguridad nacional, narcotráfico y Fuerzas Armadas Guillermo Garduño Valero. Ése es el análisis que, considera, privó en las esferas de seguridad nacional del gobierno de Peña Nieto.
De acuerdo con el doctor en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en América Latina por la Universidad de Pittsburgh, lo que está en marcha es la expansión del Cártel de Sinaloa a todo el Pacífico, la “recuperación” de la frontera con Estados Unidos, su llegada al Golfo y el control del negocio en Centroamérica. En esta operación, los demás cárteles serán sometidos o aniquilados, considera. La fuga, un asunto consensuado en los “más altos niveles”, asegura.
Así, Joaquín Guzmán se convertiría en el capo di tutti capi, o el jefe de jefes, de toda la mafia del hemisferio occidental.
Hoy, el trasiego de drogas en México está dominado por nueve grandes cárteles: tres de ellos de carácter “nacional” (Sinaloa, Los Zetas y Jalisco Nueva Generación); cuatro “regionales” (El Golfo, los Caballeros Templarios y Pacífico Sur) y dos “cobradores de peaje” (Juárez y Tijuana). A los anteriores se suman 202 células delictivas distribuidas en todo el territorio nacional, principalmente en las entidades federativas de Tamaulipas (42), Guerrero (25) y el Distrito Federal (24).
La información está contenida en el estudio Mexico: organized crime and drug trafficking organizations (que podría traducirse como México: crimen organizado y organizaciones traficantes de drogas), publicado por el Servicio de Investigación del Congreso estadunidense: Congressional Research Service. El documento, elaborado por el analista en asuntos latinoamericanos June S Beittel, está fechado el 22 de julio pasado y da cuenta del mapa de la mafia en México luego de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, líder del Cártel de Sinaloa.
El poderío del Cártel de Sinaloa es destacado en el estudio. A pesar del nivel de violencia que han demostrado otros cárteles, el encabezado por el Chapo es “la organización mafiosa más poderosa del hemisferio occidental”. Y es la única que, en el trasiego de drogas desde América del Sur y de las producidas en México, “ha utilizado túneles, catapultas, submarinos, lanchas rápidas y semisumergibles”, además de buques de transporte aéreo y contenedores.
Las capacidades organizativas también son resaltadas en el documento: es un cártel con un modelo descentralizado que, sin embargo somete a todas sus células. Guillermo Garduño, catedrático en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa, asegura que esta organización delictiva está dedicada netamente a su negocio: “no tiene negocios paralelos como el secuestro, la extorsión o el robo de hidrocarburos”; el modelo de organización criminal “preferible”.
El documento destaca que la reciente fuga de Guzmán Loera tendrá “serias consecuencias” para México, Estados Unidos y Centroamérica.
Adiós al país mariguanero
La madrugada del pasado domingo 12 de julio las más altas autoridades de seguridad en México debieron informar que Guzmán Loera había escapado por medio de un túnel de 1.5 kilómetros, construido desde un terreno adyacente al penal y hasta la regadera de la celda de Guzmán: justo en el único punto ciego de las cámaras de seguridad del Centro Federal de Readaptación Social 1, El Altiplano, de máxima seguridad del país y considerado hasta entonces el de mayor rigor carcelario, con infraestructura física y tecnológica para evitar todo intento de fuga e, incluso, repeler un ataque.
“La fuga se realizó con toda la aprobación de las autoridades mexicanas de todos los niveles. No se puede escarbar y hacer un túnel de esa naturaleza sin la anuencia de las autoridades. Es una estupidez considerar que la fuga fue un asunto de los celadores. Lo que ocurrió es de una enorme complicidad de las autoridades de todos los niveles del país”, dice, categórico, Guillermo Garduño, quien es también conferencista en el Colegio de la Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional y en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina.
El especialista agrega que un personaje como el Chapo es, en estos momentos, más útil afuera que adentro. Hoy, cuando un capo es capturado o abatido, la sucesión no se realiza escalonadamente, como hace 1 década. Lo que ocurre es el fraccionamiento de los grupos y la multiplicación de la violencia. “Por eso lo que ahora se necesita es la unidad de mando. La propia DEA [organismo del gobierno federal estadunidense encargado del combate al tráfico de drogas] y Estados Unidos tuvieron que tener esto en consideración a propósito de la fuga.
Por su parte, el documento del Congreso estadunidense señala que el escape ocurrido el pasado 11 de julio representa un enorme retroceso (“a huge stepback”) para el gobierno de Peña Nieto, de por sí “ya asediado por acusaciones de corrupción y bajos índices de aprobación”.
Todo lo que hubiera logrado la administración de Peña Nieto en materia de combate al narcotráfico quedó rebasado. Los golpes a los cárteles que nunca hizo la administración de Felipe Calderón y de los que presumía el gobierno actual fueron eclipsados. El documento cita la propia captura de Guzmán Loera en febrero de 2014; la detención de los más altos líderes de Los Zetas en 2013 y marzo de 2015, y los arrestos de Héctor Beltrán Leyva y Vicente Carrillo Fuentes. También se podría mencionar la captura de Servando Gómez, la Tuta, y el abatimiento, en marzo de 2014, de Nazario Moreno, el Más Loco, ambos de los Caballeros Templarios. El último, dado por “muerto” en 2010 por el gobierno de Felipe Calderón y por quien fuera su titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
El propio documento señala que de un total de 122 líderes del narcotráfico, el gobierno de Peña Nieto había arrestado o neutralizado 93. Pero la fuga de Guzmán “contradice” la aseveración de que se combate frontalmente a la delincuencia, asienta el estudio del Congreso estadunidense.
Para Guillermo Garduño, el desprestigio es un costo que el gobierno federal tuvo que aceptar: “el Estado mexicano no puede ya revertir la situación. Ya no aguanta más la presión. Las unidades militares están copadas. Hay suicidios entre la tropa y oficiales, mientras los narcos en plena batalla están atacados de risa, es decir, las fuerzas morales que debe tener toda organización militar están abatidas. El país se está descapitalizando, pues no hay capital que soporte esta inseguridad. No hay garantías para quien quiera invertir. Había que parar esta situación”.
—Si es así, ¿por qué se escoge al Chapo y no a otro personaje? –se le cuestiona.
—El Chapo es el único capaz de coagular los intereses de toda la mafia o someterla en un mando único. No hay ningún otro actor así de los que están afuera.
Pero no se trata sólo de que exista un “mando” de la mafia con el cual tratar. A decir de Garduño Valero, de lo que se trata es de transformar un negocio que cada vez es más violento, tiene más actores y genera menos ganancias, tal y como está estructurado. Para reorganizarlo podría resultar útil otro capo nacido, igual que elChapo, en el municipio sinaloense de Badiraguato y puesto en libertad en 2013.
“En este mismo sentido se inscribe la libertad de [Rafael] Caro Quintero. La mariguana ya no es negocio: se ha legalizado en varios estados de Estados Unidos y su uso ha sido sustituido por otras drogas. Cada vez genera menos dividendos.”
Garduño explica que con menos ganancias y más actores, la mayoría de los cárteles han diversificado sus negocios: secuestro, extorsión, robo. Sólo el Cártel de Sinaloa mantiene como principal trabajo el trasiego de drogas. El negocio del narcotráfico en México pasó de ser “mariguanero” a uno que produce opio, heroína, morfina y que procesa la hoja de coca. Y aunque tienen más capacidad de fuego, los cárteles siguen, organizativamente, como los de 1980.
“El que puede dar fin a este modelo de narcotráfico y dar paso a uno moderno es Caro Quintero”, explica.
Rafael Caro Quintero fue liberado por resolución de un tribunal colegiado el 9 de agosto de 2013, 8 meses después de que Enrique Peña Nieto asumiera la Presidencia de la República. El 16 de enero de este año se emitió una nueva orden aprehensión en su contra y, como en el caso del Chapo, las autoridades mexicanas y estadunidenses de manera formal lo buscan intensamente.
Caro Quintero, el Narco de Narcos, fundó a finales de la década de 1970 el Cártel de Sinaloa (también conocido entonces como el Cártel de Guadalajara por haber trasladado a la ciudad capital de Jalisco sus principales operaciones administrativas). Sus otros socios fundadores, Miguel Ángel Félix Gallardo, el primer Jefe de Jefes o el Padrino, y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, permanecen en prisión.
Luego de la fuga de Joaquín Guzmán, en México el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Eugenio Ímaz Gíspert, permanecen en sus cargos. El comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, fue sustituido el pasado jueves 27 de agosto por Renato Sales Heredia. Sólo fue destituido el director del penal y tres custodios se encuentran presos.
En una de sus primeras declaraciones, Sales Heredia se refirió al Chapo. El que en 2001 estuviera a cargo de la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y que concluyó que la activista se había suicidado, prometió que capturará al capo.
Lo cierto es que Joaquín Guzmán Loera tiene más garantías: las autoridades mexicanas le han expedido un amparo para que, en caso de que nuevamente sea detenido, no sea extraditado a Estados Unidos. El pasado 31 de julio, el Juzgado Quinto de Distrito concedió a Guzmán Loera un amparo promovido por sus abogados contra todo intento de, una vez capturado, ser enviado al vecino país del Norte.
Y las informaciones a las que tuvo acceso el Servicio de Investigación del Congreso estadunidense “hacen suponer” que el Chapo “no será aprehendido en 1 par de semanas”, como cuando se fugó la primera vez y duró 13 años fugitivo.
Los nacionales
La clasificación de los cárteles que presenta el estudio del Congreso estadunidense es de la autoría del investigador mexicano Eduardo Guerrero Gutiérrez. La información proporcionada al Congressional Research Service por el politólogo, exasesor en la Oficina de la Presidencia de la República y, entre otros cargos, exanalista del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, identifica a nueve organizaciones: tres nacionales; cuatro regionales, y dos cobradores de peaje.
Adicionalmente a las nueve organizaciones criminales que trasiegan drogas en México, operan 202 células de la mafia. Según la investigación del Servicio de Investigación del Congreso estadunidense, estas pequeñas organizaciones se desprendieron de las organizaciones grandes. Operan en localidades contiguas en algunos estados. Su principal actividad es la distribución de drogas a pequeña escala, pero también pueden estar involucradas en la extorsión, el secuestro y el robo de vehículos.
De acuerdo con los datos ofrecidos por Guerrero Gutiérrez –hoy al frente de la firma Lantia Consultores– al Congressional Research Service, en México existen tres grandes organizaciones de carácter nacional: el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Estas organizaciones están presentes o controlan numerosas rutas de la droga, incluyendo los puntos de entrada y salida en las fronteras Norte y Sur. También operan en las principales rutas internacionales. Han diversificado sus negocios hacia otras actividades delictivas muy lucrativas pero con poca violencia.
De acuerdo con el estudio del analista de asuntos latinoamericanos June S Beitel, el Cártel de Sinaloa controla actualmente entre el 40 y el 60 por ciento del total de la droga que se trasiega en México. Las ganancias de esta organización superan los 3 mil millones de dólares anuales. Tiene presencia en 50 países de cuatro continentes: América, Europa, África y Asia.
En México, controla casi la totalidad de la delincuencia en cinco estados de la República: Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua. Trafica principalmente cocaína; pero también heroína, metanfetaminas, drogas sintéticas y, entre otras, mariguana. No hay región de Estados Unidos adonde no lleguen los productos del Cártel de Sinaloa.
Esta organización, la más poderosa, es la que conserva el núcleo que descendió de Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. El documento destaca su “reputación” por su destreza organizativa. A diferencia de los otros cárteles, está integrado por una red de organizaciones más pequeñas que ha logrado dirigir y controlar con éxito.
Los Zetas, por su parte, originalmente integrados por exmiembros de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, tienen como principal negocio “la violencia organizada”. Según el documento, el principal activo de esta organización de carácter nacional no es el narcotráfico, sino la suma de otros negocios: robo de combustible, extorsión, tráfico de personas y secuestro. Se trata de los delitos que más impactan en la sociedad mexicana.
Esta organización está presente en la mayoría de los estados del Golfo de México pero también ha llegado a Ciudad Juárez, Chihuahua, y algunos estados del Pacífico. También se encuentran en centro y Suramérica. Lejos de tratar de obtener el apoyo de la población, la intimidación, a través de la tortura y el asesinato, es la principal estrategia que emplea para mantener el control de los territorios.
Luego de haberse encumbrado durante el sexenio de Felipe Calderón, es el cártel más golpeado desde que el Partido Revolucionario Institucional regresó a la Presidencia de la República en 2012. Más de 30 líderes zetas habían sido capturados o asesinados hasta abril de 2015.
Por su parte, el Cártel de Jalisco Nueva Generación es un desprendimiento del Cártel de Sinaloa ocurrido tras la muerte de Ignacio Coronel, Nacho, abatido por elementos del Ejército Mexicano en julio de 2010. La fracción, ya independiente de Sinaloa aunque sin entrar en conflicto con este cártel, se presentó en 2011 como Los Matazetas. Según la investigación del Congreso estadunidense, el rompimiento definitivo con Sinaloa habría ocurrido en el verano de 2013. Tienen presencia en nueve estados de la República Mexicana.
A esta organización se le atribuye el primer derribo de un helicóptero militar realizado por fuerzas criminales. Lo cierto es que el 1 de mayo pasado no sólo derribaron un helicóptero, sino que enfrentaron de manera frontal a las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Guillermo Garduño observa que ese día el país se partió en dos. La organización criminal tomó el sistema carretero en Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Colima y tapó toda la entrada al Noroeste del país. “Ese fortalecimiento de los de Nueva Generación ocurrió tras la captura del Chapo”. El investigador considera que la capacidad mostrada por la organización delincuencial, que enfrenta frontalmente a las Fuerzas Armadas, probablemente fue el detonante para el cambio de estrategia en el gobierno de Peña Nieto.
Los regionales
Estos cárteles mantienen un control limitado sobre los segmentos de las rutas de tráfico que pasan por su territorio. Según la información de Guerrero Gutiérrez contenida en el estudio Mexico: organized crime and drug trafficking organizations, estos cárteles reciben mucho menores ganancias que las de carácter nacional. Por ello son las que más han diversificado sus actividades delictivas con un alto impacto social: extorsión, secuestro, robo de petróleo, contrabando de bienes y personas y robos de vehículos. Se trata del Cártel del Golfo, la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios y el Cártel del Pacífico Sur (también conocido como Los Beltrán Leyva).
El Cártel del Golfo fue el más cercano competidor que ha tenido el Cártel de Sinaloa. En 2000, El Cártel del Golfo se encontraba en el cenit de su poder. Hoy está dividido en varias bandas que luchan por el control de la organización. Su acelerado declive comenzó en 2010, cuando su brazo armado, Los Zetas, se separó del cártel y ambas organizaciones entraron en una sangrienta e “hiperviolenta” batalla por el negocio. Según el documento, se trata del conflicto “más violento en la historia del crimen organizado en México”.
El Cártel del Golfo ha derivado en bandas dedicadas a la extorsión que, en muchas ocasiones, no tienen comunicación entre sí. Aspira a exterminar a Los Zetas para retomar el control del negocio y de la estratégica ciudad de Monterrey, Nuevo León. Hoy defiende su bastión en Matamoros, Tamaulipas.
La Familia Michoacana oficialmente ha sido disuelta. Sin embargo, continúa funcionando mediante células dispersas. Aunque se dedica principalmente a la producción de metanfetaminas y al trasiego de marihuana, cocaína y heroína, cada vez más depende del secuestro y la extorsión. Opera en zonas del Estado de México y de Guerrero.
Los Caballeros Templarios, originalmente una escisión de la Familia Michoacana, se especializa en la producción de metanfetaminas, pero también participa en el trasiego de cocaína y marihuana a Estados Unidos. Como la mayoría de las organizaciones en declive, su negocio ha derivado en extorsión y otros delitos, entre el que destaca la minería ilegal: hasta junio de 2014, las autoridades mexicanas habían incautado 70 millones de dólares en mineral de hierro provenientes de las minas que ilegalmente operaba esa organización. La detención de su último líder, Servando Gómez, la Tuta, hizo que se desplomaran abruptamente las actividades del cártel.
El Cártel del Pacífico Sur es originalmente un desprendimiento del Cártel de Sinaloa. Luego de su separación, esta organización también conocida como Los Beltrán Leyva, se ha venido desintegrando por los golpes recibidos de las autoridades mexicanas: la detención o el abatimiento de sus principales líderes. Pero esta fragmentación no termina con la violencia; por el contrario, la potencia. Algunos grupos de esta organización mantienen una lucha por la hegemonía en la estructura que resta. Algunos de estos grupos son Guerreros Unidos y Los Rojos. Sigue traficando cocaína y tiene presencia en unas nueve entidades de la República, pero cada vez más depende del secuestro y la extorsión.
Los cobradores de peaje
Son dos organizaciones que en otros años figuraron entre las más poderosas de México y el Continente. Hoy sus ingresos principales provienen de las cuotas que cobran a otras organizaciones que realizan cargamentos de droga en los municipios que controlan. Se trata del Cártel de Juárez (también llamado Organización Carrillo Fuentes) y el Cártel de Tijuana (al que también se le conoce como la Organización Arellano Félix).
El Cártel de Juárez es otro de los que en 2008 se separó del de Sinaloa. La disputa que siguió hizo de la fronteriza Ciudad Juárez una de las más violentas de México. Los golpes recibidos han hecho que pierda el control de su brazo armado, La Línea, pero no ha entrado en conflicto con él y se consideran aliados. Mantiene un acuerdo ahora también con Los Zetas y con la pandilla Barrio Azteca, para tratar de expulsar al Cártel de Sinaloa y recuperar esa ciudad.
Por su parte, el Cártel de Tijuana mantiene la ciudad fronteriza de Baja California por un acuerdo con el Cártel de Sinaloa, el cual paga una cuota para usar la plaza. La organización de Los Arellano Félix, hoy encabezada por Fernando Sánchez Arellano, no es parte del Cártel de Sinaloa pero está totalmente subordinado a él.
La destrucción de la organización de Los Arellano Félix data de 2001, precisamente en el contexto de la disputa contra el Cártel de Sinaloa.
“Desde el sexenio de Vicente Fox se ha buscado apuntalar a la organización de Joaquín Guzmán –señala el especialista Guillermo Garduño–. La primera fuga [ocurrida el 18 de enero de 2001] tuvo el objetivo de destruir a Los Arellano Félix. Y se logró. Ahora habrá que someter al Cártel de Juárez, a Los Zetas, al Cártel del Golfo y al Cártel de Jalisco Nueva Generación. Y parar toda la guerra entre cárteles.”
Joaquín Guzmán Loera había sido detenido por primera vez el 9 de junio de 1993. Fue aprehendido en Guatemala en un operativo encabezado por el entonces director de Inteligencia Militar de ese país, Otto Pérez Molina.
Como presidente de la República de Guatemala hasta la semana pasada, Pérez Molina rechazó la guerra contra las drogas y abogó por la legalización de algunos estupefacientes. Fue obligado a dimitir y actualmente es procesado por corrupción. Mientras, el Cártel de Sinaloa se expande a Centroamérica.
Fuente: NC
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