MÉXICO, DF.- A poco más de diez días de la captura de Joaquín El Chapo Guzmán Loera el personaje principal en la teleserie no es el jefe del Cártel de Sinaloa sino la protagonista de La Reina del Sur.
La teleserie se salió de la ficción y se transformó en realidad. Kate del Castillo, intérprete de Teresa Mendoza en esta producción de Telesur, se ha convertido en la perseguida, señalada y ahora llamada a declarar por un presunto vínculo con Guzmán Loera para “lavar dinero”.
La única prueba de estas acusaciones, hasta donde sabemos, es una serie de mensajes por el sistema de SMS o chateo del blackberry de Kate del Castillo con uno de los abogados de El Chapo Guzmán.
En los últimos diez días la divulgación de este intercambio de mensajes entre Del Castillo, el abogado y el capo han acaparado las primeras planas de al menos dos periódicos, se han reproducido en los telenoticieros con voces que imitan a la de Kate del Castillo y a la de El Chapo, se han multiplicado en las estaciones de radio y en las redes sociales y se han inferido y derivado todo tipo de especulaciones: desde el romance y el negocio tequilero hasta la fascinación del capo por la actriz.
Amar no es un delito, dirían los especialistas, pero tal parece que amar, coquetear o gestionar negocios con un narcotráfico prófugo sí es un delito. El pequeño detalle es que la PGR no tenía ninguna orden judicial ni denuncia en contra de Kate del Castillo y mucho menos existe una autorización para divulgar sus comunicaciones privadas.
Hasta el momento, lo que tenemos son toneladas de morbo y especulaciones en torno al reality armado tras la “misión cumplida”de Peña Nieto contra El Chapo y un nada discreto y evidente aparato gubernamental y mediático a la cacería de Teresa Mendoza en el papel de Kate del Castillo.
Hasta este martes 18 de enero se conoció que la PGR citó a declarar “en calidad de testigo”a la actriz para que explique los motivos que la llevaron a buscar una entrevista con el líder del Cártel de Sinaloa.
La existencia de estos mensajes le dan categoría a Del Castillo de posible testigo, pero el espionaje, la transcripción y filtración de los mismos están en franca violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en el artículo 16 establece en forma clara lo siguiente:
“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
“Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros…
“Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.
“Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración”.
En su entrevista con La Jornada, el pasado domingo 17 de enero, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, negó que las “filtraciones” de los mensajes hayan provenido de alguna instancia del gobierno federal y aseguró que “se están averiguando”.
Por supuesto, como los mexicanos somos ingenuos debemos suponer que las transcripciones de los mensajes entre Kate del Castillo y el abogado de El Chapo, publicadas originalmente en Milenio Diario y en El Universal, periódicos con una clara línea editorial favorable al gobierno, provinieron de un misterioso desencriptador de mensajes.
La discusión sobre la intercepción de las comunicaciones privadas no ha terminado y estamos en vísperas de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia resuelva sobre un amparo interpuesto por la Red de Defensa de los Derechos Digitales contra los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, precisamente en materia de “colaboración con la justicia” para la intercepción y almacenamiento de datos y comunicaciones personales.
La Red de Defensa de los Derechos Digitales ha argumentado que prácticamente todo el contenido del artículo 190 de esta ley es anticonstitucional, pero especialmente el siguiente párrafo que obliga a los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, a los autorizados a “colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil, en los tiempos que establezcan las leyes”.
El mismo artículo 190 establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones emitirá los lineamientos correspondientes a estos dos polémicos artículos. El 11 de noviembre del año pasado se aprobaron estos lineamientos que generaron muchas críticas entre los propios concesionarios, especialmente de la empresa Telefónica.
La única comisionada que emitió un voto particular en contra de esos lineamientos fue Adriana Labardini precisamente por considerar que se violan los derechos digitales de los usuarios de las telecomunicaciones y porque no hay mecanismos eficaces que obliguen a respetar plenamente los derechos humanos.
“Considero que el Instituto debe establecer no sólo obligaciones y cargas a sus regulados, sino detonar un sistema capaz de proteger a los usuarios limitando a lo estrictamente necesario, proporcional y con herramientas que en forma efectiva salvaguarden los datos personales en poder de las autoridades y de concesionarios por igual”, señaló Labardini en su voto.
Como vemos, el debate sobre la intercepción de las llamadas y mensajes telefónicos se cruza ahora, inesperadamente, con el escándalo de Kate del Castillo y su chateo con El Chapo. Antes surgió otra discusión en torno a la divulgación de las llamadas de funcionarios públicos y directivos de la empresa OHL. En este caso, la reacción de las autoridades, especialmente del titular de la SCT, fue diametralmente opuesta a la que ahora vemos con el caso de Kate del Castillo.
Por supuesto, es más aburrido, menos morboso y espectacular analizar la defensa o violación de derechos que lanzarnos al circo romano en que ha convertido el gobierno de Peña Nieto este episodio de las comunicaciones entre la actriz y el narcotraficante.
En claro contraste, hasta ahora los investigadores internacionales que forman parte del GIEI del caso Ayotzinapa no han tenido acceso a la serie de llamadas y mensajes que enviaron tanto los normalistas desaparecidos, como los cuerpos policiacos y los militares que intervinieron en la tragedia del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Los investigadores han señalado que si se tuviera acceso a esas últimas llamadas se tendrían evidencias claras (y no declaraciones bajo tortura) sobre la red de perpetradores del ataque a los normalistas.
Sin embargo, tal parece que para resolver Ayotzinapa tendremos que inventar una teleserie al estilo La Reina del Sur.
Fuente: Proceso
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