La mañana del martes 12 de octubre 11 policías de Sinaloa fueron atacados a tiros mientras patrullaban por una carretera a las afueras de Culiacán.
Ocho murieron y tres resultaron heridos. Al día siguiente, en Chihuahua, el jefe de custodios de la penitenciaría local y sus cinco escoltas fueron asesinados minutos después de concluir labores.
Ninguna autoridad ha relacionado un hecho con el otro, pero el único vínculo probable encamina por vez primera a uno de los poderes del Estado a reconocer lo que hasta hoy ha negado el gobierno federal: la participación de grupos paramilitares en la guerra contra el narco.
En septiembre, el Senado solicitó formalmente al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) informes detallados sobre la existencia de estos grupos, a quienes llamó “escuadrones de la muerte”, porque los señala como responsables de un gran porcentaje de los 28 mil asesinatos oficialmente reconocidos en esta guerra, así como de miles de desapariciones forzadas.
“Estos grupos actúan al margen de la ley con complicidad, reconocimiento o tolerancia del Estado mexicano”, sostiene Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) y uno de los principales promotores de la solicitud de informes al Cisen. Considera que miles de soldados y oficiales desertores del Ejército y policías despedidos por corruptos conforman estos grupos. Se trata, dice el senador, “de paramilitares adiestrados”.
Hace un año, Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro Garza García, sacudió al país cuando dio a conocer en su toma de posesión el asesinato de Héctor Saldaña Perales, El Negro, presunto narcotraficante y extorsionador que asolaba a empresarios locales. Lo extraordinario es que se anticipó a la identificación oficial que haría horas más tarde la Procuraduría del Distrito Federal, donde fue hallado el cuerpo. En ese mismo discurso el munícipe anunció la formación de un “grupo rudo”, coordinado por su gobierno, para enfrentar criminales de altos vuelos como Saldaña.
De acuerdo con Monreal Ávila, que gobernó Zacatecas entre 1998 y 2004, el episodio resume la realidad del país.
“Ese alcalde no es el único (en emplear paramilitares). Los gobernadores tienen grupos de exterminio, grupos de ‘limpieza’ que adiestran y seleccionan como grupos de élite, y que actúan fuera de la ley. Hasta ahora el Senado está reconociendo su existencia y estamos a la espera de la información oficial. Sería kafkiano que digan que no existen”.
El creciente número de asesinatos, secuestros y extorsiones ha llevado igualmente a empresarios a contratar este tipo de grupos, reitera Monreal.
El senador asegura tener informes de que ello ocurre en ciudades industrializadas de Jalisco, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Lo que vuelve más sangriento el panorama es que “la delincuencia organizada o parte de ella es protegida” por las autoridades. Sus informes los reservará hasta obtener la versión del gobierno federal, pero no explica el motivo de su decisión.
Antes que los senadores recurrieran al Cisen, organismos civiles de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero documentaron por años operaciones de grupos paramilitares.
Cronología del exterminio
A comienzos de la década de 1990, el abogado Miguel Ángel García Leyva y otros ciudadanos constituyeron en Sinaloa el Frente Contra la Impunidad. Durante 10 años reunieron evidencia sobre la actividad de “escuadrones de la muerte, causantes de miles de secuestros y homicidios en la entidad”. Eran grupos conformados por policías o militares.
“La participación de estos escuadrones es pública no sólo en Sinaloa, sino en todo el país”, declara. “Operan vistiendo uniformes, patrullas, armamento, identificaciones y claves igualitos a los de las fuerzas del Estado”.
En 2001, García cambió su residencia a Baja California. Allí consolidó la Asociación Esperanza con familiares de personas desaparecidas. En nueve años la agrupación lleva los casos de mil 800 víctimas, cuatro veces más de lo admitido por la procuraduría estatal. Todos ellos, asegura, secuestrados por paramilitares.
“En Baja California se han bautizado estos grupos de exterminio como comandos negros, cuya presencia ha sido notable sobre todo desde mediados de 2005 a la fecha. Y hay elementos para concluir que muchas de sus acciones han sido selectivas para asesinar gente, no sólo para desaparecer. Hay desapariciones políticas, desapariciones en la impunidad, producto de toda esta guerra fratricida, equivocada”, refiere García.
A la fecha, ninguna denuncia del organismo ha prosperado en tribunales. La razón de ello, sostiene el abogado, es la corrupción. “No podemos hablar sólo de grupos de sicarios, de pistoleros o de acciones del narcotráfico; esto implica la participación del Estado”.
Para confirmarlo, cita una investigación que realizaron entre mayo de 2008 y mayo de 2010, sobre las carreteras del noroeste mexicano.
Tomaron video, fotografía y levantaron reportes de retenes de policías y militares en Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California. “Los resultados nos dejaron atónitos: la mayor parte de los retenes son, no sólo puntos de extorsión, sino puntos para localizar y ubicar gente para desaparecer, asesinar o actuar en contra de ellas”, señala García.
Las cifras negras
Operaciones de exterminio sobran en cada una de esas entidades, pero muy pocas salen a luz pública.
En agosto, cita otro ejemplo, un grupo armado irrumpió en El Sásabe, un ejido fronterizo al norte de Sonora convertido en el principal cruce de indocumentados hacia Estados Unidos, y masacró a 40 personas. “El silencio es terrible. Nadie cuenta lo que realmente ocurre y si se revelaran las cifras negras veríamos que no van 28 mil muertos como dice el gobierno, sino más de 40 mil”.
Casos de exterminio han sido igualmente documentados a través del tiempo en otros estados, como Chihuahua.
Entre noviembre de 1995 y febrero de 1996, la Procuraduría estatal recibió denuncias por la desaparición de 375 personas. Testigos de varios de esos secuestros dijeron haber visto operar a sujetos que se identificaron como policías federales. En uno de los casos, la hermana de dos de las víctimas, Armando y Francisco Rayos Jáquez, obtuvo la matrícula de uno de los vehículos empleados por los secuestradores. Correspondía a la unidad asignada al entonces delegado de la PGR, Arturo Chávez Chávez, actual procurador General de la República.
Los restos de nueve de esas víctimas fueron desenterrados en diciembre de 1999 de un rancho a las afueras de Ciudad Juárez, conocido como La Campana. Del resto no volvió a saberse nada.
La Asociación Amigos y Familiares de Desaparecidos lleva expediente de 180 de los casos. Sólo 37 terminaron en investigación judicial.
“Lo que puedo decirle es que en cada uno de ellos, de acuerdo con lo dicho por el fiscal federal a cargo de las investigaciones, Enrique Cocina Martínez, estuvieron involucrados policías estatales y federales”, dice Jaime Hervella, presidente de esa organización. “No sé si haya grupos de exterminio en la ciudad, no tengo elementos para sostenerlo. Pero le puedo decir que ya no se molestan en llevárselos: hoy los matan y los tiran”.
En 2007 fueron asesinadas poco más de 300 personas en Ciudad Juárez, de acuerdo con datos de la Procuraduría estatal. Pero entre 2008 y lo que va de 2010, la cifra se disparó hasta alcanzar casi los 7 mil homicidios. De ese total, más de la mitad fueron pandilleros y delincuentes menores, lo que no deja dudas a organizaciones civiles, como el Frente Nacional Contra la Represión, de que más que una guerra entre cárteles, lo que rige es una “limpieza social”.
En Nuevo Laredo y Reynosa prácticas similares han sido empleadas desde comienzos de la década, dice Raymundo Ramos, director del Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
Pandilleros de ambas ciudades se tornaron en amenaza grave para la sociedad y el gobierno se valió de grupos armados para exterminarlos, según informes recogidos por Ramos.
“Los pandilleros atacaban por igual a policías que a la sociedad civil, disputaban territorios a balazos, violaban mujeres, allanaban escuelas y universidades, asaltaban comercios e incluso bancos. (…) Luego, cuando los narcotraficantes subieron de nivel, lo primero que hicieron fue precisamente someter a los pandilleros y utilizarlos como sus informantes, corredores y sicarios, hasta hacer de ellos una red delincuencial desechable”.
Con ello vino un segundo corte de asesinatos en meses recientes: “Los reportes que tenemos son que la mayoría de los delincuentes muertos en enfrentamientos o atentados entre grupos del crimen organizado o en contra de autoridades federales son jóvenes, que no llegan a los 20 años. Aquí en Nuevo Laredo tenemos cuando menos 15 denuncias de jóvenes en contra de militares por torturas, violación, asesinato extrajudicial y desaparición forzada”.
Corrupción e impunidad
Lo que se libra en el país no es una guerra contra la delincuencia organizada, sino un exterminio, sostiene a su vez Mercedes Murillo Monge, presidenta del Frente Cívico Sinaloense.
“Es difícil probar quién promueve estos grupos de la muerte. De hecho, no se puede. Nadie sabe porque no investigan. La corrupción es enorme y la impunidad absoluta. Lo que nosotros como frente podemos decir es que en esta supuesta guerra han muerto muchos inocentes asesinados por las autoridades”, dice.
Lo que registra Murillo en Sinaloa es lo mismo que hacen otros organismos ciudadanos de Chihuahua, Tamaulipas o Baja California: un incremento notable en el número de asesinatos y desapariciones forzadas a partir del inicio de operaciones anticrimen.
En el marco de esta “guerra”, dice Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, “se están llevando a ninis, que más bien es la gente que parte del gobierno considera prescindibles; no los necesita, entonces esos que se mueran, al cabo para qué los queremos si son como un estorbo para una cierta élite”.
Ibarra, quien durante 35 años ha denunciado la existencia de grupos de exterminio financiados por el gobierno, cita la masacre de julio en un Quinta de Torreón, “una fiesta lésbico-gay” y los restos de 51 personas exhumados de una fosa clandestina en el municipio de Juárez, Nuevo León, “todos tatuados”, para respaldar la teoría de una limpieza social.
“En estos momentos no podemos aventurarnos a decir que hay un adiestramiento o tolerancia por parte del Ejército, que tiene conocimiento de esos escuadrones de la muerte, todavía no llegamos a ese nivel”, aclara el senador Ricardo Monreal. Lo que sí, es que “a cuatro años de distancia comienzan a darnos la razón voces del Estado, incluso de la jerarquía militar, de que era equivocada la estrategia”.
Fuente: El blog del narco
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