Mazatlán, Sinaloa.- A casi dos años del asesinato del ex convicto Francisco Rafael Arellano Félix “La Pancha”, su viuda.
Su ex esposa y los hijos procreados con diferentes parejas, disputan su incuantificable fortuna a través de Juzgados y tribunales de este puerto del Pacífico, apenas falleció el mayor de los hermanos del Cártel Arellano Félix.
Sus familiares demandaron la sucesión intestamentaria, pues “La Pancha” no dejó testamento, el proceso judicial sucesorio no ha sido sencillo, no solo por las diversas personas que han comparecido a juicio, sino porque muchos de los bienes muebles e inmuebles.
Del empresario se encuentran asegurados por la Procuraduría General de la República (PGR) desde antes de su detención, en 1993, para destrabarse los aseguramientos y acreditar que las propiedades de Francisco Rafael no tienen procedencia ilícita.
Quienes se estiman herederos tienen, primero, que definir ante la justicia quién o quiénes son los legítimamente autorizados para hacer los reclamos correspondientes ante el Ministerio Público de la Federación o los tribunales.
Una vida de conflictos
Nacido el 24 de octubre de 1949 en Culiacán, Sinaloa, Francisco Rafael Arellano Félix encontró la muerte a seis días de cumplir 64 años, cuando celebraba anticipadamente su onomástico en una reunión a la que asistieron importantes personalidades en Los Cabos, Baja California Sur. Un sicario vestido de payaso le disparó a quemarropa con una pistola tipo escuadra.
El mayor de los hermanos Arellano Félix fue detenido por primera ocasión en 1978, en la colonia Cacho de Tijuana, durante una transacción de compraventa de heroína. En 1985 se conoció del crecimiento de la familia dentro del tinglado del narcotráfico nacional, expandiéndose a principios de los años noventa.
Con sus negocios, entre ellos una discoteca, asentados en Mazatlán, Sinaloa, y en Baja California, “La Pancha” -como le decían sus conocidos- fue detenido a finales de 1993 en Tijuana, tras las investigaciones del asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Le fueron incautados bienes muebles e inmuebles en Tijuana, Mazatlán y Guadalajara. Solo fue juzgado y condenado por la portación de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
En 2006 fue extraditado a los Estados Unidos, donde enfrentó cargos de posesión con intento de distribución y venta de droga. Fue liberado en 2008 y regresó a México, donde intentó recuperar sus bienes asegurados por la PGR desde una década y media antes.
Lo único que Francisco Rafael obtuvo fue un reaseguramiento por parte de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy SEIDO), dentro de la averiguación previa 178/2009-II.
Fortuna entrampada
Tres meses antes de ser asesinado, Francisco Rafael Arellano promovió un juicio de amparo -el 26 de julio de 2013- ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán. En dicha demanda reclamó el aseguramiento de sus bienes, entre ellos la famosa y hoy destruida finca de la discoteca Frankie Oh.
Los abogados Luis Noriega Ordorica y Francisco Javier Manzanarez Walker fueron contratados por “La Pancha” para recuperar sus propiedades, pero el homicidio el 18 de octubre de ese año, vino a estropearlo todo. De inmediato los deudos de Arellano Félix pretendieron acreditarse como los legitimados para continuar con el amparo.
Francisco Rafael Arellano Barrionuevo, hijo del finado, fue el primero en apersonarse, sin embargo, el juzgador explicó que a la par debía iniciarse el juicio sucesorio, en este caso intestamentario, porque el hoy difunto no dejó testamento, para que se establezca quién tiene la legitimidad sobre los bienes reclamados.
En el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, en Mazatlán, Sinaloa, fue iniciado el juicio sucesorio intestamentario 2446/2013, donde se determinó declarar herederos a todos los hijos de Arellano Félix y se les designó albacea; resolución que no dejó conformes a los hermanos Francisco Rafael, Benjamín Alberto y Victoria Arellano Barrionuevo, quienes son representados por su madre, María Victoria Barrionuevo Carvajal, primera esposa de “La Pancha”.
Estos últimos promovieron diversos amparos en contra de la resolución del juez familiar por haber incluido como herederas a sus medias hermanas Yadira Leticia Arellano Vega e Isabela Guadalupe Arellano Lizárraga, hija de la ex reina del Carnaval de Mazatlán y última esposa de Rafael, Rocío del Carmen Lizárraga Lizárraga, presente al momento del homicidio en Los Cabos.
Victoria Barrionuevo también promovió un amparo. No desea que sus hijos compartan los bienes que fueron adquiridos durante el tiempo que estuvo unida al padre de ellos. La mujer había estado con Arellano en las buenas y en las malas. Fue detenida junto a su marido en abril de 1978 cuando traficaban 2 kilos 70 gramos de heroína junto con Enrique Rico Urrea y otros sujetos, en la calle Guanajuato de la colonia Cacho.
Por su parte, la viuda de Arellano, Rocío del Carmen Lizárraga, no se ha metido en el asunto. La ex reina estuvo más preocupada por no ser localizada por la PGR como consecuencia de las investigaciones del asesinato de Arellano Félix, crimen hasta el momento no resuelto y que se presume, se trató de un ajuste de cuentas por parte de José Rodrigo Aréchiga Gamboa “El Chino Ántrax”, del Cártel de Sinaloa.
En septiembre de 2014, Lizárraga Lizárraga obtuvo un amparo por parte de la licenciada Elenisse Leyva Gómez, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, para no ser llevada a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), con base en el citatorio PGR/SEIDO/UEDIDCS/3273/2014 girado el 6 de mayo del año pasado.
De igual manera, la mujer solicitó la protección de la jueza federal en contra de una posible orden de localización, presentación, detención, traslado o cualquier mandato ordenado en su contra y que afectara su libertad personal. También reclamó una posible orden de confiscación de bienes o cualquier mandato que afectara sus derechos de propiedad. Estos actos no existieron.
Doña Alicia Félix
El aseguramiento e inmovilización de los bienes asegurados a Francisco Rafael y sus familiares obran en la averiguación previa federal 4384/DGI/93, derivada de las investigaciones del homicidio del Cardenal Juan Jesús Posadas y que años después, se convirtió en la indagatoria 359/MPFEADS/2002.
Así como el extinto Arellano Félix, otros de sus familiares como su madre, Alicia Isabel Félix Zazueta y su primo hermano, Demetrio Zamora Arellano -medio hermano de Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”-, luchan por recuperar sus propiedades, en Mazatlán y Guadalajara, incautadas por el Ministerio Público de la Federación en la misma averiguación.
Quien ha contado con mayor éxito es la señora Alicia, pues en 2014, el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco le concedió un amparo para dejar sin efecto el aseguramiento decretado el 9 de agosto de 1993 sobre un inmueble localizado en el exclusivo fraccionamiento Condominio Santa Anita Club de Golf, a las afueras de la capital de Jalisco.
La resolución, confirmada en revisión por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, estimó que 21 años son muchos y, en ese lapso, el Ministerio Público Federal nunca resolvió si el inmueble asegurado fue producto o utilidad derivada de la comisión de algún delito. La propiedad fue vendida a la señora Félix Zazueta por su finado hijo, Francisco Rafael Arellano Félix.
La PGR argumentaba que “Alicia, Francisco Rafael, Francisco Javier, Eduardo, Fernando, Carlos, Benjamín, Ramón, Enedina y Norma Isabel, de apellidos Arellano Félix; así como Alicia Félix Zazueta y Benjamín Francisco Arellano Sánchez, se dedican a actividades correspondientes al narcotráfico y que las utilidades económicas obtenidas son destinadas a la adquisición de bienes inmuebles, registrados a nombre de ellos mismos, de sus familiares o de terceras personas”. En el caso de “La Pancha”, no fue condenado por delitos contra la salud.
Unos cuarenta inmuebles que son o fueron propiedad de los hermanos Arellano en Guadalajara fueron rematados por la PGR hace ya casi dos décadas, y otros se encuentran facilitados por la dependencia federal para albergar centros antialcohólicos o de adictos a las drogas, como Alcance Victoria. En Baja California y Baja Sur también existen residencias o terrenos que se encuentran bajo el resguardo del Servicio de Administración de Bienes Asegurados.
Fuente: El blog del narco
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