Por primera vez en la historia penal del país, un general preso en las Islas Marías, buscará en una videoconferencia que el aparato de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le otorgue el Reconocimiento de Inocencia tras permanecer 15 años en prisión, acusado en 2001 de vínculos con el narcotráfico.
La audiencia será el 22 de marzo en los juzgados del Campo Militar 15-A, ubicado en La Mojonera, en Zapopan, Jalisco, y en ella los abogados del general Ricardo Martínez Perea, esperan que le sean admitidas las pruebas que en diciembre del año pasado le rechazaron jueces castrenses.
El general no estará presente en la audiencia pero participará en ella mediante una videoconferencia ordenada por la Juez Octavo de Distrito del Centro Auxiliar dela Quinta Región, Hortencia María Emilia Molina de la Fuente, a la Coronel Paula María Guadalupe Trigueros Ríos, Juez de Ejecución de Sentencias adscrita a la V Región Militar.
Los abogados asesorarán al general en la videoconferencia para que le admitan las pruebas rechazadas en diciembre de 2015 y con las que sustentaron el incidente de Reconocimiento de Inocencia promovido en su favor.
Ese instrumento jurídico fue interpuesto no solo para que se reconozca la no culpabilidad de general en el proceso por delitos contra la salud, sino también para que la Sedena le pague el salario que dejó de recibir durante el tiempo que estuvo en prisión, así como otras prestaciones canceladas por la condena.
En la comparecencia el juez podría aceptar o rechazar de manera definitiva las pruebas que antes ni siquiera le fueron admitidas al general.
La decisión de reponer la audiencia se basa en el dictamen pericial elaborado por el Capitán Primero de Justicia Militar y Criminalista (retirado) Fernando García, quien el 10 de febrero de este año entregó sus conclusiones a la juez de Ejecución de Sentencias, Paula Trigueros Ríos.
En el dictamen se concluye que ninguna de las pruebas aportadas por el Ministerio Público Militar durante el proceso demostró indicios para relacionar al general Ricardo Martínez Perea con los hechos que se le imputaron y que lo llevaron a prisión por la supuesta protección brindada al narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén entre los años 2000 y 2001.
El estudio del capitán García revisa a detalle las primeras declaraciones del general y de sus coacusados –el capitán Pedro Maya Díaz y el teniente Antonio Quevedo Guerrero–, así como de otros soldados y sobre todo de los agentes de la Policía Judicial Federal Militar (PJFM) que iniciaron la investigación y detuvieron al mando y a sus subalternos en Tamaulipas.
El general Martínez Perea fue acusado en 2001 de tener nexos con un cártel del narcotráfico que operaba en Ciudad Miguel Alemán, en el municipio de Nuevo Laredo, y en el poblado de Guardados de Abajo, en el municipio de Camargo, en la frontera entre Tamaulipas y los Estados Unidos.
La acusación fue hecha en un mensaje anónimo enviado por fax a la Sedena, desde una papelería cercana a las instalaciones de la secretaría. En el mensaje se mencionaba a “un teniente de nombre Javier Antonio Quevedo Guerrero y otro soldado de nombre Pedro Mayo” (sic), quienes supuestamente tenían tratos con un Jony García, conocido narcotraficante de la región, según el texto.
En el fax nunca se mencionó el nombre del general Ricardo Martínez Perea, quien era el comandante y jefe de ambos militares.
Tan cerca y tan lejos
Un dictamen en Criminalística elaborado por un experto del ejército mexicano fue la base para que se diera la audiencia del próximo martes. El estudio pericial señala que no se encontraron indicios ni información que relacionen al General Ricardo Martínez Perea con actividades ilícitas.
Los señalamientos, que no fueron corroborados por los agentes de la Policía Judicial Federal Militar, contrastan con el récord de aseguramientos de droga, dinero, armas, equipos de radiocomunicación, caballos, venados, joyas y vehículos hechos a la organización de Osiel Cárdenas Guillén, se indica en las conclusiones del peritaje.
La audiencia del próximo martes será histórica; por primera vez un militar que cumple la parte final de su condena en el penal federal de las Islas Marías (en donde el general y los oficiales Antonio Quevedo Guerrero y Pedro Maya Díaz están recluidos desde 2013) será testigo de su proceso a través de una videoconferencia en la que será asesorado por sus abogados.
Además, la audiencia de Reconocimiento de Inocencia podría dar pie a que el juzgador militar citara a declarar al ex presidente Vicente Fox Quezada y al ex secretario de la Defensa Nacional, el general Clemente Vega García, cuya presencia en tribunales para responder como testigos en el caso del general Martínez Perea siempre fue rechazada por los jueces militares.
Los abogados del general han solicitado desde hace años las declaraciones de Vega y Fox, ya que el entonces presidente de México habló del caso de un general ligado al narco en una gira de trabajo a Cali, Colombia, en donde aseguró que el militar sería juzgado con todo el peso de la ley.
Las declaraciones de Fox se dieron sin que al general se le hubiera iniciado proceso y mucho menos sentenciado, lo cual ocurrió hasta el 2003.
Entre los testigos que la defensa del general Martínez Perea ha solicitado está también el ex secretario de la Defensa Enrique Cervantes Aguirre, quien se ha excusado de declarar argumentando una y otra vez que está enfermo, señalan los abogados del caso.
Tanto él como el general Clemente Vega García pueden abstenerse de comparecer de manera directa ya que ambos fueron secretarios de estado y tienen ese privilegio, pero el expresidente no.
Amenazas…torturas
Los defensores del general solicitaron un peritaje alterno que fue hecho por el Capitán 1° de Justicia Militar y Criminalista (en retiro) Fernando García, cuya participación fue aceptada por la Sedena.
El capitán emitió un dictamen en Criminalística fechado el 10 de febrero de este año y dirigido al Juez Militar de Ejecución de Sentencias adscrito a la V Región Militar, que lleva la causa penal del general.
El experto analizó las primeras declaraciones ministeriales de los involucrados, hechas en septiembre de 2001 -semanas antes de la detención del general y de los oficiales- para tener un panorama claro de la manera en que inició el proceso, a partir de un mensaje anónimo enviado vía fax desde una papelería cercana a la Sedena.
Sobre este punto, el capitán García concluyó, con base en las declaraciones de los agentes de judiciales militares, que desde el inicio no se investigó la procedencia el fax, no se revisaron detalles como el número telefónico impreso en la hoja de envío y otros datos “de gran valor” para la investigación que encabezó el entonces capitán Juan Carlos Rivera Medeles.
Entre los primeros datos surgidos en el proceso contra el general y los oficiales, se aseguró en acusaciones anónimas que el capitán Pedro Maya y el teniente Antonio Quevedo estuvieron internados en una clínica del poblado de Miguel Alemán junto varios militares debido a una intoxicación por consumo de cocaína.
El internamiento habría ocurrido en julio de 2001, según las versiones recogidas por personal judicial militar, sin embargo un dato confirmad por la defensa de los acusados echó abajo las denuncias: en las fechas señaladas por los denunciantes, los oficiales estaban en San Luis Potosí, en un curso de adiestramiento y operaciones especiales.
Aun así, el juez de la causa desestimó los elementos de descargo y acumuló la versión al pliego acusatorio. El capitán y perito militar Fernando García señala en su dictamen que los investigadores castrenses no pudieron nunca averiguar el nombre de la clínica ni lo recordaron en los primeros interrogatorios.
Tampoco demostraron que los oficiales o algún otro militar hubieran sido internados por las causas señaladas en una clínica que, según las versiones recogidas, era propiedad del supuesto narcotraficante Rolando López Salinas, El Rolis.
De hecho, la forma de llevar la investigación por parte de Rivera Medeles y los otros agentes judiciales militares, es cuestionada por el capitán García, quien destaca en su dictamen las declaraciones de los militares reconociendo que las 25 personas (civiles) de quienes obtuvieron datos sobre el general Ricardo Martínez Perea y los oficiales Antonio Quevedo y Pedro Maya, fueron casi al azar, incidentales.
En su declaración del 17 de septiembre de 2001, Rivera Medeles contestó así al cuestionamiento de los abogados del general: “Que diga el compareciente cómo seleccionó a las personas entrevistadas en Miguel Alemán y que refiere le aportaron datos para la investigación.-Pues uno se acerca al lugar y comienza a obtener conversaciones con personas que pueden ofrecer una información” (sic).
El dictamen pericial concluye que “de las constancias de autos no se advierte ninguna relación del General RICARDO MARTÍNEZ PEREA con los hechos que supuestamente se denunciaron en el documento anónimo, en el que tampoco se hace alusión a su nombre o cargo que desempeñaba como Comandante del 21/o. Regimiento de Caballería Motorizado”.
En el último párrafo agrega que “de los análisis llevados a cabo por el suscrito no se desprende la existencia de ningún nexo indiciario con el cual se pueda relacionar al General RICARDO MARTINEZ PEREA con los hechos que se le imputaron”.
Y sobre el fax anónimo señala que tampoco se encuentra la existencia del hecho material que sirvió de base para su condenación, “además de que resulta inconsistente con los hechos realmente realizados por el General Ricardo Martínez Perea cuando fue Comandante del 21/o. Regimiento de Caballería Motorizado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde aseguró bienes notoriamente de gran valor pertenecientes a líderes del Cártel del Golfo, entre ellos cuatro ranchos, tres residencias, armas, droga e individuos que se informó, Cártel al que se dice sin sustento en su condenación protegía dicho General, o con los cuales se dice colaboró”.
Fuente: El blog del narco
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