Rodolfo Trillo Hernández, acusado de financiarla fuga de 'El Chapo' de El Altiplano, utilizó nombres falsos para adquirirlos vehículos, según información del CJF
México.- Dos años fueron suficientes para que Manuel Rodolfo Trillo Hernández, presunto operador financiero de Joaquín Guzmán Loera, lavara 22 millones de pesos derivados de actividades criminales del cártel de Sinaloa.
La investigación, realizada por la PGR, sugiere que el dinero pudo haberse utilizado para la construcción del túnel por la que el capo de la droga sinaloense escapó el 11 de julio del penal del Altiplano.
El empresario fue detenido el 22 de agosto en San Pedro Cholula, Puebla en posesión de un arma de fuego.
El imputado es hermano de Miguel Ángel Trillo, quien fue acusado en la década pasada de organizar la logística para el escape del El Chapo del penal de Occidente el 19 de enero de 2001, publicó La Jornada.
Uutilizó recursos provenientes del narcotráfico para la adquisición de 10 automóviles de distintas marcas y modelos, ocultando el origen del dinero.
Así lo revela el expediente de la causa penal 458/2015 radicada en el Juzgado Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en el Distrito Federal, por la cual se le imputa el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado por el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.
De acuerdo con información del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Trillo Hernández utilizó nombres falsos al momento de adquirir los automotores, con el propósito de ocultar el origen ilícito de los recursos, por lo que fue acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de lavado de dinero.
“A Trillo Hernández se le atribuye la adquisición de 10 vehículos automotores de distintas marcas y modelos, utilizando al menos dos nombres diversos, hechos ocurridos según el Ministerio Público federal entre enero de 2012 y abril de 2015, así como que tal adquisición se llevó a cabo con conocimiento de que los recursos usados tenían un origen ilícito”, señala el expediente de la imputación penal.
Durante la diligencia en la que se le hizo saber la acusación penal que existe en su contra, el empresario se reservó su derecho a declarar y solicitó la duplicidad del plazo constitucional para poder presentar pruebas que contribuyan a su defensa.
Por lo que será hasta el próximo 15 de noviembre cuando el Juzgado Noveno de Distrito de Procesos Penales del DF defina si le dicta auto de formal prisión o auto de libertad en relación con dicho crimen, resolución que dependerá de las pruebas que aporten ambas partes.
Fuente: El debate
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