En distintos discursos, el General Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa Nacional, ha proclamado incansablemente que: “es la seguridad y protección de cada ciudadano.
El eje donde debe gravitar nuestro accionar; por ello no podemos combatir ilegalidad con ilegalidad”; “no podemos, ni debemos permitirnos rebajar nuestros actos a niveles que son propios de delincuente”, frases que en miles de ocasiones (según denuncias) a nivel nacional han contradicho tanto Ejército como Marina.
Sin que por ello se vea afectado su violento proceder en contra de la sociedad civil. Puntualmente, desde hace poco más de dos años las desapariciones forzadas -en las que ha tenido intervención la Marina, en Tamaulipas- han pasado de padecerlas solamente adultos, en su mayoría hombres, a incluir menores de edad.
Juan Pablo Hernández Rodríguez, de 13 años, en un operativo de la Secretaría de Marina, fue víctima de los elementos, quienes lo detuvieron dentro de su propio domicilio. Su madre, María Guadalupe Rodríguez Cruz, denunció los hechos ante la Procuraduría General de la República, acusando a un grupo de marinos de allanamiento de morada. Describió que al momento de entrar, portaban pistolas tipo escuadra, mismas que usaron para arrebatarle a su hijo “de sus brazos”.
Al día siguiente, Juan Pablo fue localizado sin vida a un costado de la carretera Nuevo Laredo – Piedras Negras. Su cuerpo evidenció la tortura padecida. Poco antes que llegara el Ministerio Público, inexplicablemente el cuerpo fue robado de la vía pública.
Junto al menor, fue detenido un joven de 29 años de edad: Jaime David Veliz Leija, quien también fue torturado y apareció muerto junto al cadáver de Juan Pablo. Ambos fueron detenidos sin orden de aprehensión, ni motivo alguno. Ambas familias quedaron profundamente afectadas y en el caso del joven, los principales afectados fueron sus hijos.
La desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de Veliz Leija provocó el desamparo de la familia: Jaime David Veliz Ramos, de 10 Años; Orlando Rafael Veliz Ramos, de 8 años y Yosemir Veliz Ramos, de 7 años. Sus familiares recurrieron a interponer la denuncia respectiva a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, quienes remitieron el caso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Sin embargo, se desistió de seguir el proceso porque las familias de ambas víctimas fueron amenazadas de muerte por la Marina. De ahí su rechazo a colaborar con las autoridades federales y la CNDH.
En los últimos dos años, otros dos menores fueron detenidos y desaparecidos en operativos de la Secretaría de Marina: Raúl David Álvarez Gutiérrez, de 17 años de edad, quien fue detenido en un crucero, y Diana Laura Hernández Acosta, de 15 años, detenida y desaparecida junto a un amigo de nombre José De Jesús Martínez Chigo, una madrugada, en un sitio cercano a su domicilio.
Los familiares de Raúl David Álvarez Gutiérrez también han desistido en su búsqueda y localización por miedo a represalias de la Marina. Lo mismo ocurrió con la esposa de Martínez Chigo, Brenda Olvera, quien optó por abandonar el caso, después de una ardua lucha, donde se le ha negado todo acceso a la justicia para encontrar a su esposo y también todo tipo de ayuda gubernamental, para sus cuatro hijos: Carmen Yaritzi Martínez Olvera, de 11 Años; Ángel Eduardo Martínez Olvera, de 6 Años; Yuridia Azeneth Martínez García, de 3 Años y Jesús Alberto Martínez García, de 2 Años.
Al inicio del ciclo escolar, los hijos de Brenda Olvera y del desaparecido José de Jesús Martínez Chigo faltaron dos semanas a clases por carecer de recursos para pagar las cuotas de ingreso y no tener ropa y zapatos. Sin embargo aún con ello, ninguna autoridad federal, ni estatal les ha ofrecido ayuda de becas escolares, o programas de acceso a la salud, vivienda y empleo, a pesar de la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas y del programa gubernamental Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Las desapariciones forzadas de Raúl David Álvarez Gutiérrez, José de Jesús Martínez Chigo y Diana Laura Hernández Acosta fueron presentados ante el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, con el fin que exista apertura en los casos y nuevamente sea un organismo internacional quien busque la justicia de la que carece el actual gobierno federal.
“Difícil tarea la de denunciar a las fuerzas armadas, porque vivimos en un estado de indefensión, donde nadie protege al que busca justicia, en México no se le brinda ayuda a la víctima sino al asesino. Tamaulipas es uno de los más claros ejemplos de la impunidad de la cual goza hoy la Marina, ahí si eres marino puedes matar, violar, desaparecer y serás hasta condecorado y ganarás un ascenso.
Se ha perdido el respeto absoluto por toda la sociedad en general, incluso por los menores, con la ayuda de ciudadanos absurdos que defienden desde sus cómodos sillones a los asesinos serialesde la Marina, los niños también son levantados y ejecutados, bajo la falsedad, que eran narcotraficantes o simplemente porque a los marinos se les ocurrió que podían entrar a una casa, convertir a algún menor en culpable. Pero se les pasó la mano, los mataron por tortura y entonces los abandonan en las carreteras. En ese momento los muy cobardes, se van a esconder tras las faldas de las corruptas autoridades, quienes los protegen, porque esa es su función en este gobierno violador de derechos humanos”, afirma a Revolución TRESPUNTOCERO el abogado y criminalista Darío Ojeda Santana.
El experto agrega que “los elementos de la Marina han penetrado a Tamaulipas como una marabunta que solamente lleva desastre a los lugares donde se instala, sí ha detenido a ‘narcotraficantes’ y culpables de otros graves delitos, pero a ellos sí los trata con respeto, los presenta sin golpes y hasta cubren su rostro para que no ejerzan venganza sobre ellos, pero cuando se trata de sociedad civil inocente los matan por tortura, los desaparecen o los ejecutan frente a testigos, la realidad es otra y pocos la dan a conocer por miedo o por complicidad.
Aunque llegó un momento en que ya es difícil no conocer un nuevo desaparecido, otra víctima ejecutada por la Marina, levantamientos que tienen como consecuencia desaparición forzada, hoy ni esos casos, ni la tortura han podido ser escondidos. Aunque continúan llevándose a cabo, los familiares están comenzando a perder el miedo. Ha sido un trabajo de años, pero el acompañamiento que ha dado el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, en muchos casos han sido determinante para seguir avanzando, hasta conseguir justicia”.
Por su parte el Presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, asegura a Revolución TRESPUNTOCERO que “en la entidad todo lo que tiene que ver con militares o marinos no se toca. Es por ello que ante la falta de justicia, la próxima generación de jóvenes, -que de niños han sido víctimas de los abusos de las fuerzas armadas, porque por medio de una desaparición forzada, ejecución extrajudicial y/o tortura perdieron a sus padres o a uno de ellos-, crecerán con resentimientos hacia la autoridad”.
Ramos explica que serán jóvenes que pueden llegar a odiar al soldado, al marino, porque ellos le robaron, mataron y torturaron a sus seres queridos, dejándolos a ellos en el desamparo, y al mismo tiempo crecerán con una total falta de respeto hacia las instituciones de gobierno y de procuración de justicia.
Otro de los daños de la Marina, principalmente, hacia los menores, según el defensor de Derechos Humanos, será que derivado del rencor y resentimiento, se convertirán en vengadores, porque no existe un tratamiento o un programa social que los ayude a trabajar en su conducta, para que no amarguen su vida y tampoco la destrocen.
“Actualmente, ya hay hijos de familias que padecieron desaparición forzada o ejecución extrajudicial, que primero iniciaron el camino de las drogas y luego pasaron a formar parte de la delincuencia organizada, porque la autoridad lo originó; en cuanto a la sociedad, el grado de terror que vivieron en estos últimos 10 años (tres de este gobierno, seis de Felipe Calderón y uno de Fox) afectó tanto, que la ha dejado tan dañada, que difícilmente los hijos que crecieron entre los balazos de la escuela, la balacera por su casa o en su domicilio, los atentados y los colgados, no podrán olvidarlos, será un daño permanente a su salud y seguridad.
El terror colectivo puede causar todo tipo de problemas, que ninguna autoridad está tratando, ni siquiera se han dado cuenta que existe y que es urgente atenderlo. No lo han tomado en cuenta. El día de mañana puede haber atentados más terribles que los sucedidos con frecuencia en Estados Unidos, contra la misma sociedad, porque ellos estarían buscando quién se las pague.
Si no detenemos la impunidad de Marina y Ejército, este país seguirá aumentando su paso a la destrucción, ya que hoy muchos menores que anteriormente perdieron a sus hermanos, padres, madres, hoy, son adolescentes y jóvenes que se unieron a las filas del crimen organizado, porque encontraron en éste su forma de venganza. Lo aseguramos, porque en algunos casos atendidos por el Comité se ha conocido de menores que llegaron a ese punto”, denuncia Raymundo Ramos.
Fuente: EL blog del narco
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