TIJUANA.- Los derechos humanos de Joaquín “El Chapo” Guzmán han sido respetados, las condiciones de su reclusión no presentan segregación, no está aislado o incomunicado, tiene acceso a sus defensores, visitas diarias, conyugal, y no está en un esquema de violación de derechos, afirmó el Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia.
Dijo esto en el marco de la Sesión Extraordinaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario y agregó que “se respetan sus derechos (a Joaquín El Chapo Guzmán) y por supuesto se le vigila también ¿Y por qué se le vigila? porque se ha fugado en dos ocasiones de un penal de alta seguridad, no podemos dejar de vigilarlo”, sentenció.
Sin embargo aclaró que Ley Nacional de Ejecución penal no tiene que ver con la fuga del capo, sino con un problema detectado a nivel nacional por organismos de derechos humanos y autoridades, quienes dan cuenta de que el sistema penitenciario estaba prácticamente olvidado.
“Un sistema en crisis cuyas carencias se reflejan no solo al interior de las prisiones, sino en la delincuencia común y la organizada. Por eso se revisó, para vincular una ley nacional, de aplicación concurrente, es decir que las mismas medidas deben aplicarse en todo el país, para armonizar y tener coherencia.”
Aseguró que la transformación del sistema penitenciario es urgente y que se refleja en la publicación, el 16 de junio, de la Ley Nacional de Ejecución Penal lo cual calificó como un giro representa un giro de 180 grados porque parte de un postulado esencial, el respeto a la dignidad.
Detalló que el hombre que ha perdido su libertad por la comisión de un delito, por grave que sea, no ha perdido su condición de persona y por tanto su dignidad, que es la fuente y razón de ser de todos los derechos, y que según dijo, en el listado de los principios rectores del sistema penitenciario, ocupa un primer lugar, seguido de la igualdad, legalidad, respeto al debido proceso, publicidad, proporcionalidad y la reinserción social.
En ese mismo derrotero comentó que las personas privadas de la libertad en un centro penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozará de todos los derechos previstos en la Constitución y los Tratados Internacionales de que el Estado Mexicano sea parte, siempre que no hubieren sido restringidos por la sentencia.
No obstante señaló que el respeto a los derechos en prisión no puede darse si el centro penitenciario está en desorden, hacinado o bajo el control de los delincuentes, y menos aún si lo que predomina es la corrupción.
Refirió que la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario le toca dictar los protocolos que serán observados en los centros penitenciarios, tales como el de protección civil, uso de la fuerza, revisión a visitantes, manejo de motines y evasión, traslados, urgencias médicas, etc.
“Estas directrices deben hacerse entre todos y superar el centralismo autoritario que tanto daño le ha hecho a nuestro país, si no se toma en cuenta a las entidades federativas nada se hará, apuntó.
De los objetivos del Gobierno Federal en esta materia, señaló que en primera instancia de debe respetar la dignidad de los internos con salud, trabajo, educación, capacitación y deporte.
Pero además seguir procesos sistemáticos de operación y protocolos de actuación para reducir discrecionalidad; contar con un sistema civil de carrera; esquemas de seguridad en centros penitenciarios con los más altos estándares, con amplios espectros y mejores relaciones interpersonales en la comunidad penitenciaria; tener un modelo de certificación de centros penitenciarios que sea referente para todo el país; además un sistema de evaluación que describa el método mediante el cual habrán de valorarse las cualidades que debe cumplir todo centro de reclusión.
También un comité de evaluación del sistema penitenciario como órgano colegiado e interdisciplinario que vigile el funcionamiento del sistema en su conjunto; generar la óptima aplicación y puesta en práctica de la normatividad específicamente concebida para la reinserción de adolescentes en conflicto con la ley; y finalmente un sistema de información con registros históricos que aproveche las capacidades con que cuenta la plataforma México y faciliten la visualización del estado que guarda el sistema penitenciario.
Fuente: El financiero
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