Vicente Zambada Niebla capturó la atención de la prensa en marzo pasado cuando interpuso un alegato de no culpabilidad bajo el argumento de tener un acuerdo de inmunidad con la DEA.
La defensa, hecha en dos frentes, alegó inmunidad y “autoridad pública”, un tipo particular de inmunidad en el que se sostiene que el acusado actuó bajo los auspicios del gobierno estadounidense. Zambada Niebla afirma que el aparato de justicia norteamericano le daba carta blanca para coordinar las operaciones de contrabando del cártel tanto en Chicago como en todo Estados Unidos, y que le permitía el envío de miles de millones de dólares en efectivo a México. Él también alega que Estados Unidos era cómplice, al proveer al cártel de Sinaloa armas semiautomáticas, que fueron usadas en la guerra contra sus enemigos.
Las circunstancias del arresto de Zambada Niebla han levantado sospechas. De acuerdo con documentos presentados el año pasado tanto por la fiscalía como por la defensa, apenas cinco horas antes de la redada en su casa de seguridad, Zamba Niebla se había reunido con dos agentes especiales de la DEA en un hotel “gran turismo” de la ciudad de México ubicado frente a la embajada de Estados Unidos. Zambada Niebla acudió a la cita con los agentes de la DEA acompañado de Humberto Loya Castro, abogado y asesor del cártel de Sinaloa. La defensa señaló que Loya Castro había acordado servir de intermediario en las comunicaciones de la DEA con el cártel.
Humberto Loya Castro o el Comandante Loya —como sus correligionarios se refieren a él— es nada menos que la pieza clave en la defensa de “El Vicentillo”. Él sirvió desde la década de los ochenta como confidente y como el principal asesor en asuntos legales del cártel de Sinaloa.
El procurador encargado del caso presentó en la corte documentos que confirman que Loya era en realidad un informante al servicio de la DEA. Cabe mencionar que Loya Castro era un nombre desconocido para muchos analistas de la guerra contra el narcotráfico, hasta su destacada aparición en julio en una presentación ante la Corte hecha por Zambada con miras al juicio en la Corte Federal del Distrito Norte en Chicago.
El documento hace referencia a Loya como “un miembro de alto nivel dentro de la dirigencia del cártel de Sinaloa” y “un confidente cercano” al “Chapo” Guzmán y el “Mayo” Zambada, los jefes criminales de la red más grande de distribución de cocaína, heroína y metanfetaminas en Estados Unidos. Documentos presentados en la Corte tanto por la defensa como por la fiscalía coinciden en lo fundamental. El contacto de Loya con las agencias antinarcóticos norteamericanas comenzó en 1995, cuando fue procesado in absentia en una Corte Federal de Distrito en San Diego. A Loya se le acusó de sobornar a las autoridades mexicanas para evitar la incautación de cargamentos de droga y de sobornar tanto a directores de penales en México como a altos funcionarios de la PGR para que libraran de custodia policiaca a miembros del cártel. La acusación apenas menciona la existencia de una grabación telefónica en la que un miembro del cártel le asegura a otro que Loya conoce gente en la prisión de Arizona que podría aceptar un soborno para ayudar a escapar a un socio sentenciado a 19 años de prisión.
Loya nunca fue presentado ante las autoridades norteamericanas para enfrentar los cargos en su contra. Sin embargo, a finales de los años noventa, comenzó a cooperar como informante. De acuerdo con el Fiscal Federal Patrick Fitzgerald, Loya se reunía periódicamente con oficiales estadounidenses en México. Durante más de una década les proporcionó información sobre gente involucrada en el tráfico de drogas y el lavado de dinero.
No obstante, Fitzgerald, quien renunció a su cargo en junio, descartó los alegatos de Zambada Niebla. “Contrariamente a lo que señala la defensa, no se le concedió inmunidad… ni tampoco se le dio inmunidad a Loya Castro”, declaró Fitzgerald en la Corte Federal de Distrito en Chicago, según lo asentado en los documentos de la corte en septiembre de 2011.
A pesar de las negativas de la DEA, el acuerdo que este organismo hizo con Loya fue revelado en la respuesta que dieron a los alegatos de “El Vicentillo” el 9 de septiembre del año pasado, justo antes de que tuviera lugar una de las seis audiencias preparatorias para un juicio que continúa siendo pospuesto. El acuerdo, que puede ser bajado de Internet, claramente muestra la relación que ha sostenido Loya con la DEA.
Vanda Felbab Brown, un experto en seguridad del Instituto Brookings, declaró que es común entre los cárteles de la droga proporcionar información a las agencias antidrogas norteamericanas, lo que resulta en la aprehensión de sus enemigos. Y es que el alto rango de Zambada lo hace aún más valioso como informante. “No es un traficante callejero cualquiera que ofrece información. Por el contrario, él está en una posición muy destacada, lo cual le da una nueva dimensión al asunto. A eso hay que añadirle que políticamente es sumamente explotable; razón por la cual la justicia norteamericana no quiere hacer públicos ese tipo de acuerdos”.
Lawrence Rosenthal, un ex fiscal federal que enseña leyes en la Universidad Chapman de California y que se especializa en casos relacionados con el crimen organizado en Chicago, señala que lo más delicado es cómo la corte va a reaccionar ante el señalamiento de Zambada de haber recibido una promesa verbal de inmunidad por parte de la DEA durante el mencionado encuentro en un hotel de la ciudad de México.
“Si hubo una promesa de inmunidad en marzo de 2009 el asunto se complica aún más”, escribió Rosenthal a estos reporteros en un correo electrónico. “Ya que el gobierno parece haber admitido tácitamente el acuerdo de inmunidad que le ofreció a Loya al retirar los cargos en su contra, no puedo descartar la posibilidad de que al señor Zambada Niebla también se le haya ofrecido inmunidad, aunque una oferta de inmunidad no puede, en forma retroactiva, dejar sin consecuencias legales actos criminales ya cometidos”.
A pesar de las oportunidades que pueda tener Zambada en la Corte, el argumento más explosivo con que cuenta la defensa continúa levantando el descontento de una incalculable cantidad de oficiales. Como fue asentado en el alegato de la defensa de Zambada el 29 de julio del año pasado, el cártel de Sinaloa recibió las armas de Rápido y Furioso como parte del acuerdo de cooperación que tenía con el gobierno de Estados Unidos. En esencia, este argumento legal aduce que Estados Unidos deliberadamente armó a este cártel para la guerra. ¿Tiene este argumento algún mérito?
Las investigaciones que el Congreso de Estados Unidos está llevando a cabo en torno al programa Rápido y Furioso apuntan en la misma dirección de los alegatos de Zambada. El verano pasado fueron sorprendentes los testimonios de informantes y los múltiples hallazgos de armas encontradas en posesión de miembros del cártel de Sinaloa e incluso resguardadas en sus propias viviendas, como fue el caso del principal lugarteniente del mismo “Chapo”, José Antonio Torres Marrufo, apodado “El Marrufo”, cuando se supone no sólo que el programa Rápido y Furioso había sido reprobado, sino desmantelado incluso.
En abril del año pasado, la Policía Federal allanó una casa en el norte de Ciudad Juárez que pertenecía a “el Marrufo”, presunto jefe de la ruta de contrabando del cártel en Juárez. La policía descubrió un arsenal de armas automáticas detrás de paredes cubiertas de espejos en un gimnasio situado en el sótano de su casa.
Esos son los delatores dentro del gobierno. El 26 de julio pasado en un conmovedor testimonio frente al Congreso, Carlos Canino, el diputado adjunto a la División de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) en la ciudad de México, declaró que él simplemente no podía soportarlo más. Canino llamó al programa Rápido y Furioso “el peor caso de ineptitud jamás visto… es indignante”. Dijo que la ATF armó a los cárteles de la droga mexicanos —en primer lugar al cártel de Sinaloa— con suficientes rifles de asalto calibre .50 como para armar a un regimiento de dos mil marinos estadounidenses. Finalmente, Steve Martin, director adjunto de la Oficina de Información Estratégica e Inteligencia (OSSII, por sus siglas en inglés), testificó ante el Congreso el 6 de julio del año pasado que al menos 1,026 armas de Rápido y Furioso fueron directo al cártel de Sinaloa.
EL JUICIO QUE VIENE
La seguridad durante el juicio contra Zambada Niebla fue extrema. Como el cártel de Sinaloa es conocido por burlar los dispositivos de seguridad de las cárceles (“el Chapo Guzmán” rodó fuera del penal de Puente Grande en una carro de lavandería en 2001), los oficiales de la prisión sospechaban que esta organización delictiva tenía la suficiente influencia y el dinero para arreglar que Zambada Niebla escapara igualmente de forma dramática de Chicago.
Como resultado, durante 18 meses, Zambada Niebla fue confinado a una celda aislada en el Centro Correccional Metropolitano, una prisión federal de 27 pisos localizada en el distrito financiero de Chicago. De acuerdo con un abogado familiarizado con el caso, “El Vicentillo” fue privado de la luz del día y casi de cualquier contacto, a excepción de personal carcelario con un rango no menor al de teniente, con el que no se le permitía hablar a una corta distancia. Sus comidas eran servidas en trastos de aluminio y deslizadas a través de una ranura en la puerta de su celda de 1.8 por 2.4 metros, señaló el abogado.
En septiembre de 2011, el juez Castillo escuchó una petición de la defensa para permitirle a Zambada Niebla hacer ejercicio al aire libre. El fiscal respondió leyendo ante la corte una carta de Catherine Linaweaver, directora del centro correccional, donde advertía que permitir el acceso de “El Vicentillo” al área recreativa ubicada en el techo del penal, podría suscitar un ataque, o incluso un escape dramático al estilo Hollywood. Sin embargo, el representante del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Thomas Shakeshaft, eventualmente cedió. “El señor Zambada Niebla será trasladado a otra institución”, le dijo al juez.
Cerca de tres años de reclusión en México y en Estados Unidos han hecho que la bravuconería que en otros tiempos distinguiera a “El Vicentillo” se fuera desvaneciendo.
Años de aislamiento han atenuado este rasgo: la burla que se dibujaba en su rostro por saberse impune ha dado paso a un tic nervioso. Su cabello antes estilizado ha sido rapado. Su barba incipiente luce ahora completamente rasurada. Se han marcado las ojeras en su cara. Su grave apariencia acrecienta la determinación que hay en su mirada.
Zambada fue transferido en octubre de 2011 a una prisión federal en Milán, Michigan. Sin embargo, sus abogados denuncian que las condiciones de su encierro han empeorado, con nuevas restricciones para recibir visitas y tener su correo a tiempo. La ubicación de la prisión, que está a cinco horas de Chicago, ha desatado las acusaciones de la defensa sobre la manera en que el gobierno estadounidense está dificultando la comunicación con su cliente.
Ningún capo de la droga espera tener tratamiento preferencial en las prisiones federales de Estados Unidos. Mucho menos un capo que está dispuesto a revelar ante la corte detalles delicados acerca de las operaciones encubiertas de Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico que se está librando en México.
Fuente: El blog del narco
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