El 9 de noviembre de 1984, la Policía Judicial Federal y el ejército invaden el rancho “El Bufalo”, se incineran cerca de 4 mil toneladas de mariguana y se detiene a más de 2 mil campesinos de Sinaloa, Sonora, Durango, Oaxaca, Michoacán y Guerrero. En un momento dado, trabajan en El Búfalo entre 5 y 7 mil personas bajo el régimen de semi-esclavitud que lleva a la mayoría a huir del universo concentracionario a escala, internándose en la sierra.
El derribamiento se debe al agente de la DEA (Drugs Enforcement Agency) Enrique Camarena “Kiki” y al piloto Alfredo Zavala Avelar, contratado por la DEA en misiones especiales. En un vuelo por Chihuahua localizan en el municipio de Ciudad Jiménez el rancho El Búfalo, propiedad de, entre otros, Caro Quintero y Don Nieto. Allí, en gran escala, se cultiva mariguana (se aseguran 8 mil toneladas). La investigación apunta a un militar de alto rango (el secretario de la Defensa Juan Arévalo Gardoqui, según los rumores). A la denuncia de la DEA sucede el fin de la empresa.
Los narcos torturan y asesinan a Camarena y Zavala, y al hacerlo perciben la equivocación monstruosa: la capacidad de ellos es básicamente local. En dos apologías semioficiales de la DEA (Desperados, el reportaje de Elaine Shannon, y Drug Wars, la mini-serie televisiva basada en el libro de Shannon), el secuestro de Camarena resulta la provocación (el error de cálculo) de la conjura cuyo centro está casi en todas partes y abarca secretarios de Estado, gobernantes, presidentes municipales, numerosos policías judiciales, gente “encumbrada” y jefes militares.
Con el caso Camarena, la DEA y el Departamento de Estado ven llegada la hora de golpear severamente al narcopoder, imponiéndole de paso condiciones onerosas al gobierno mexicano (o a la inversa, según las hipótesis persuasivas de Naom Chomsky). Para los norteamericanos, además de las motivaciones de la geopolítica, están en juego el orgullo de la corrupción y la seguridad de los Estados Unidos.
Del Caso Camarena se desprende otro paisaje de la corrupción en un panorama donde la seguridad pública se erosiona, narcos y jefes policiacos fraternizan, al hampa también la integran judiciales, el lavado de dinero es una tentación empresarial y Muy Altos Funcionarios (nunca identificados formalmente, así sean muy identificables) o son socios del narco o han tarifado el intercambio de favores. Además, se transparenta la conversión de ciudades enteras en “casas de seguridad” del narco; el vislumbramiento del Estado paralelo del narco.
Intervienen la DEA y la PGR, y los comandantes de la Policía Judicial a cargo del caso ayudan a Félix Gallardo y Caro Quintero. Las autoridades norteamericanas lanzan la Operación Intercepción que paraliza la Frontera Norte. El 28 de febrero, el comandante Armando Pavón Reyes (que ha recibido medio millón de dólares en efectivo por dejar huir a Caro Quintero) da cuenta de un anónimo donde le indican que los secuestrados se encuentran en el rancho “El Mareño”, en Michoacán, en las cercanías de Morelia. Allí los judiciales asaltan la casa, eliminan la resistencia del dueño. Manuel Bravo, su esposa y dos hijos, a los que torturan y asesinan. Un agente de la Policía Judicial Federal también aparece muerto. Los agentes de la DEA y de la Judicial revisan el rancho. No hay nadie.
Al día siguiente, en un sitio ya examinado, se “encuentran” los cuerpos en descomposición de Camarena y Zavala semienterrados, envueltos en bolsas de plástico y con tierra y fibras de tejidos sintéticos que no existen en el rancho. La maniobra es muy burda y pronto se establece lo sucedido: la policía asaltó a la familia Bravo, que se defiende y es ultimada. El embajador de Estados Unidos John Gavin y la DEA aseguran que se “plantaron” los cadáveres. La PGR lo desmiente con énfasis.
Es lenta y en lo básico desafortunada la respuesta del gobierno de Miguel de la Madrid. Ansían confinar el Caso Camarena en la nota roja tradicional, y por eso la Procuraduría General de la República disminuye la importancia (política y penal) del asunto y niega o ignora muchos de los cargos de la DEA y de Gavin, contra el sistema judicial, incompetente y cómplice. Y ante la agresivísima campaña de los gobiernos de Ronald Regan y George Bush, el de México está en desventaja. Nadie cree en “la preocupación moral” de los estadunidenses, pero hay detalles y pruebas irrefutables. Los agentes de la DEA se filtran en los medios de comunicación, presionan en lo económico y lo político, hacen señalamientos directos e indirectos a funcionarios del sexenio de De la Madrid vinculados al narcotráfico (de jefes judiciales al secretario de la Defensa Juan Arévalo Gardoqui), secuestran a mexicanos en México por su presunta investigación en el caso Camarena (René Martín Verdugo y el médico Humberto Álvarez Machain) y lanzan calumnias racistas en torno a la corrupción orgánica de los mexicanos.
Al plan de venganza, intimidación y escarmiento dirigido ostensiblemente por la DEA, las autoridades mexicanas oponen afirmaciones patrioteras de muy corto alcance, mentiras flagrantes, silencios de la complicidad, acciones parciales y tardías, sensaciones de acorralamiento, resignación ante la presencia (anticonstitucional) de la DEA en México. Una tras otra, las acusaciones resultan ciertas: hay jefes judiciales (muchos) ligados a los narcos, y digamos el comandante Mario Pavón Reyes acepta, por 60 millones de pesos, la fuga de Caro Quintero en el aeropuerto de Guadalajara.
Luego se multiplican las revelaciones: el aparato judicial permite y aún con disimulo autoriza detenciones, desapariciones, allanamientos de morada, torturas, asesinatos. Son apresados Caro Quintero y Don Neto, son cesados y sujetos a procesos diversos comandantes de la Judicial, son investigados algunos empresarios. Pero las autoridades norteamericanas no se conforman, y desde 1985 la nota roja se incorpora a la política, o a la inversa.
A fines de abril de 1985, la PGR “localiza” la casa en Guadalajara donde permanecieron secuestrados Camarena y Zavala. Lo ocurrido se va aclarando: a ellos se les entierra en el parque de La Primavera y luego, en una acción torpísima, se trasladan los cuerpos al rancho El Mareño. Poco después, otra sorpresa: el antiguo dueño de la casa de los secuestros es Rubén Zuno Arce, cuñado del ex presidente Luis Echeverría, que se le vende a un subordinado de Caro Quintero.
A Zuno se le detiene en Los Ángeles y la DEA secuestra en Guadalajara al doctor Humberto Álvarez Machain, al que se introduce subrepticiamente en Estados Unidos. Álvarez Machain acepta su oficio: cuidar a los torturados por el narco para que no mueran de inmediato y revelen lo que se les exige. Añade: “Vi en la casa a Caro Quintero golpear brutalmente al detenido”. (Posteriormente, la protesta diplomática obliga al gobierno norteamericano a devolver al doctor a México, que al regresar a su casa y ante las cámaras de televisión, reza media hora ante la Virgen de Guadalupe.)
Fuente: El blog del narco
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