Entre 1997 y marzo de 2015, un total de 806 personas han servido a la Procuraduría General de la República (PGR) como testigos protegidos, amparándose en el artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con un costo para el erario de poco más de 217 millones de pesos.
A partir de su colaboración han desarrollado investigaciones en contra de cárteles del narcotráfico y brindado ayuda a quienes se encuentran en situación de riesgo o son víctimas.
Información obtenida a través de la Ley de Transparencia, revela que de los últimos cuatro gobiernos federales, en los cuales se ha utilizado esta figura, es en la actual administración en la que disminuyó la cantidad de personas que han recurrido a ese recurso legal.
En los últimos cuatro años del mandato del presidente Ernesto Zedillo hubo un total de 95 testigos protegidos, es decir, un promedio de 23 por año; en el caso de Vicente Fox, fueron 251 (41 personas por año); pero durante la gestión de Felipe Calderón se recurrió al mayor uso de esta figura al contabilizar 336 testigos (56 por año). En la actual administración, el promedio es de 42 personas.
Información otorgada por la dependencia revela que desde 2000 a abril de 2015, el gobierno federal erogó 217 millones 443 mil pesos para costear los “diversos gastos” de sus colaboradores, entre ellos, su manutención y pago de rentas.
Para Ricardo Sánchez Reyes Retana, quien fuera abogado del general Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Defensa Nacional, los testigos protegidos son una figura útil, pero que en México se utiliza de forma “incorrecta”. Explica que se requiere de un análisis que confirme que los datos que aporta el miembro de la delincuencia organizada que ingresa al programa son veraces.
“Por el solo hecho de decir cosas se adhiere [al programa], sin haber hecho de forma previa un examen que compruebe que el testimonio es veraz y que no solamente declara para eludir su responsabilidad penal, que muchas veces le implicaría pasar el resto de sus días en la cárcel”, destaca.
Lo ocurrido en la Operación Limpieza es una muestra de que los testimonios pueden no ser verosímiles, pues 13 de los acusados en ese despliegue resultaron exonerados.
El abogado Reyes Retana, quien ha llevado varios casos cuyas imputaciones a sus clientes las han hecho testigos protegidos, asegura que se volvió una estrategia recurrente “fabricar culpables, sobre todo en el sexenio anterior”.
Fuente: El blog del narco
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