Según los quejosos, el hostigamiento empezó después del escape y la visita del director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, quien les pidió su cooperación para declarar todo lo que sabían.
Los narcotraficantes Óscar Omar Treviño, “El Z-42”; los hermanos García Simental, Teodoro “El Teo”,y Marco Antonio “El Cris”, y Servando Gómez Martínez “La Tuta” denunciaron violaciones a sus derechos humanos por declarar en contra de funcionarios de alto nivel después de la fuga de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán del penal federal del Altiplano, Estado de México, el pasado 11 de julio, informó Proceso.
En un desplegado publicado en el diario Reforma, los reos que se encuentran en el área de tratamientos especiales del penal acusan en particular a Leonor García García, directora jurídica del Centro de Readaptación Social No. 1, así como al secretario técnico y representante legal del Consejo, y a la directora técnica –a quienes no identifican– de dar la orden de cambiarlos a “estancias insalubres que carecen de los lineamientos esenciales de una celda”. Aseguran que comen junto al baño al no existir un área de comedor.
Además, dijeron que son hostigados por elementos de la Policía Federal, que no tienen nada que hacer en ese lugar porque no están en estado de emergencia.
También acusan al encargado de despacho de la Dirección General del Cefereso por tener “oídos sordos” y encerrase en su oficina sin atender las exigencias de los reos y sus familiares, vulnerando con ello sus derechos humanos.
Según los quejosos, el hostigamiento empezó después de la fuga de ‘El Chapo’ y la visita del director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, quien les pidió su cooperación para declarar todo lo que sabían y se comprometió a guardar en secreto la averiguación previa y a evitar represalias contra los que declararan.
Pero la promesa, denuncian en su desplegado, no se cumplió.
Lo más denigrante, dicen, es que los obligan a desvestirse cuando van a los juzgados, locutorios, baños o servicio médico y, ya desnudos, a hacer sentadillas mientras los observan para mirarles “la parte posterior”.
Igual sucede, añaden, con las personas que asisten a la visita familiar e íntima, a las mujeres les hacen quitarse incluso la toalla íntima y a los niños el pañal.
“Lo más grave de todo es que las esposas las desvisten en la habitación donde tienen su visita íntima, dejándolas sin nada, aduciendo cuestiones de seguridad”, afirman y consideran que la intención es llevarlos al límite para que “caigan en falta” al reglamento del penal.
Según los reos quejosos también les racionan la comida y les sirven alimentos en estado de descomposición, lo que les ha acarreado enfermedades gastrointestinales y el servicio médico que les brindan “es pésimo” y no va de acuerdo con la urgencia de su estado de salud.
Les dan, dicen, medicamentos caducos y si se niegan a ingerirlos les levantan reportes y los sancionan quitándoles artículos de uso personal, encerándolos por más de 36 horas obligándolos a deambular en su celda, retirándoles la televisión, que está permitida en el reglamento y es un derecho a la información, o de plano impidiendo la entrada de su visita familiar o intima.
Esto último es lo que consideran más grave pues “transgreden los lineamientos otorgados por los derechos humanos, así como nuestra carta magna y los tratados internacionales”.
Fuente: Aristegui Noticias
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